Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), promoverá leyes contra obras ilegales
Samuel Ibarra Vargas, Fiscal Desconcentrado de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana. A favor de actuar con mayor fuerza y certeza
Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), promoverá leyes contra obras ilegales
Se castigara a servidores públicos que “siembren” documentos en algún archivo, como se ha detectado en algunos casos.
La Subprocuraduría Jurídica de la PGJDF y la Fiscalía de Delitos Ambientales, junto con la SEDUVI, realizaron un estudio y están promoviendo las modificaciones y adición de artículos al Código Penal.
Con el propósito de tener mayor sustento legal en la persecución de delitos relacionados con la construcción de obras irregulares, la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) se prepara para impulsar reformas a las normas actuales. El plan es modificar cuatro artículos del Código Penal del DF y uno del Código de Procedimientos Penales. Informó el Diario Reforma en su edición del pasado sábado 25.
Estas reformas incluirán la pena de cárcel para empleados del Gobierno que manipulen documentación auténtica o alterada para dar permisos, y facultades para asegurar inmuebles de manera inmediata.
Con estas medidas, las autoridades pretenden precisar los tipos de delitos, incrementar las penas e incluso acusar a los propietarios de los inmuebles que realicen obras sin autorización.
Samuel Ibarra, Fiscal para Delitos Ambientales, aceptó que la mayoría de las denuncias que se han iniciado por delitos relacionados con la construcción de obras de forma ilegal, se complican debido a la poca claridad en las actividades delictivas. Escribió Arturo Sierra del Diario Reforma, en la sección Ciudad de este matutino
Del Código Penal se modificarían el Artículo 259, que habla sobre el ejercicio ilegal del servicio público; el 267, relacionado con el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades; el 329 Bis, que sancionaría a los directores responsables de obra, y el 339, que castigaría el uso de documentos falsos o alterados para obtener certificados de zonificación o uso de suelo.
En la misma nota se señala que: También se pretende modificar el Artículo 273 Bis del Código de Procedimientos Penales, para darle facultad al Ministerio Público de ordenar el aseguramiento de una construcción que sea materia de una averiguación previa, en la que se tengan indicios de que los permisos son alterados.
Hasta el año pasado, la PGJDF había recibido 12 denuncias por delitos relacionados con desarrollos inmobiliarios que violaban disposiciones legales, y había hecho cuatro consignaciones.
El Ministerio Público ha tenido dificultades para poder realizar consignaciones inmediatas, comentó el Fiscal, y puso como ejemplo que actualmente, no se considera un delito que un servidor público “siembre” documentos en algún archivo, como se detectó en algunos casos.
“En algunos casos el derecho penal no estaba cumpliendo la fusión de evitar que se siguieran cometiendo esas conductas, pues en algunos casos nunca tocaban prisión, por eso debemos actuar con mayor fuerza y certeza”. finaliza la nota
