Defensoría de Oaxaca presenta acción contra Ley de Seguridad
El defensor oaxaqueño de los derechos humanos Arturo Peimbert Calvo denunció ante la Corte Penal Internacional, por crímenes de lesa humanidad, a más de 100 funcionarios de los tres órdenes de gobierno, entre ellos el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (FeCal) y el ex gobernador Gabino Cué.
“Estos crímenes de lesa humanidad por los que se presenta la denuncia ante la Corte Penal Internacional fueron cometidos por personas cuyos nombres y apellidos conocemos gracias a los contundentes testimonios recopilados por la Comisión de la Verdad”, informó Peimbert en conferencia de prensa ofrecida en la Colonia Roma de la Ciudad de México.
Señaló que los señalados como responsables por diferentes y numerosos testigos son el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, el ex gobernador Ulises Ruiz, los ex secretarios de Gobierno de Oaxaca: Evencio Nicolás Martínez Ramírez, Jorge Franco Vargas y Manuel García Corpus.
También la ex procuradora Lizbeth Caña Cadeza, el ex secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segreste Ríos; el ex subsecretario de Gobierno y ex subprocurador de la Procuraduría de Justicia estatal Rubén Vasconcelos Méndez, actual Fiscal General del Estado.
Además, el ex director de Seguridad Pública, Delfino Cruz Hernández; el ex director del IEEPO, Emilio Mendoza Kaplan, y el ex regidor de Seguridad Pública de Santa Lucía del Camino, Abel Santiago Zárate, entre otros, de una lista de más de 100 funcionarios integrantes de la administración pública federal, estatal y municipal señalados como responsables en el Informe de la Comisión de la Verdad y que acompañan la denuncia.
Los cargos específicos, los nombres de los involucrados y los documentos que fundamentan las imputaciones presentadas, son básicamente el Informe de la Comisión de la Verdad, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contenidos en un anexo documental que es la Versión Ejecutiva de la Denuncia que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca interpondrá ante la Corte Penal Internacional por los crímenes cometidos por ex funcionarios del Estado mexicano en contra de la población civil del estado de Oaxaca, durante los años 2006 y 2007.
Tenemos la convicción –dijo el defensor– de que la información presentada en nuestra denuncia satisface todos los requisitos de competencia de la Corte Penal Internacional, para determinar que las autoridades mencionadas cometieron actos que constituyen un crimen de lesa humanidad, y por tal deben ser enjuiciados y sancionados por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos de las víctimas de la represión durante el conflicto de 2006-2007 en Oaxaca.
Hizo un llamado al Estado mexicano para que actualice las medidas de protección para todos los que contribuyen con darle voz a quienes no la tienen.
Informó que de igual forma, este Organismo Defensor de los Derechos Humanos solicitará a la Organización de las Naciones Unidas la creación de un órgano independiente de carácter multilateral internacional, que garantice que los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad y cualquier otra conducta delictiva conexa con estos, incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado, durante este periodo, sean efectivamente investigados, sancionados y en su caso desmantelados.
“Percibimos que la impunidad con respecto a estos delitos es tanta, que ha provocado que no se concluyan los procesos de reparación del daño para las víctimas de 2006”, dijo Arturo Peimbert.
Denunció que, por el legado de represión impune generado a partir de 2006, en Oaxaca, la evidente ausencia de garantías de no repetición de violaciones a derechos humanos, permitió que el ex Gobernador Gabino Cué y sus funcionarios de seguridad se atrevieran a cometer inauditas y graves violaciones a derechos humanos en la ciudad de Asunción Nochixtlán.
Refirió que a la Comisión de la Verdad se le encomendó la investigación de las violaciones a derechos humanos y delitos cometidos en 2006 y 2007. En esta denuncia se retoman las investigaciones de esa Comisión para demandar castigo a los responsables y reparación efectiva del daño a las víctimas, pues considera que los crímenes cometidos agravian no sólo a las víctimas directas de esos sucesos, a sus familiares, a sus comunidades; son hechos que afrentan a la humanidad. “Por lo tanto, por justicia, por dignidad y por humanidad, no podemos permitir que este hecho quede impune”.
Historia de represión
El defensor Arturo Peimbert Calvo ilustró que el movimiento social de 2006-2007 en Oaxaca comenzó con las demandas laborales de la Sección 22 del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Posteriormente se fue ampliando por la inconformidad de la población en general, hasta convertirse en un movimiento civil en contra de la forma de ejercer el gobierno por parte de Ulises Ruiz Ortiz, quien se caracterizó por recurrir a la violencia sistemática para reprimir a las personas que, haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión, cuestionaban la falta de políticas públicas para resolver problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la falta de transparencia en el gasto público.
Para disolver las manifestaciones ciudadanas, por un lado, el Gobierno recurrió a todo el aparato estatal que encarceló injustificadamente a los inconformes, y por el otro implementó acciones de grupos armados ilegales que se dedicaron a causar terror dentro de la población y a cometer ejecuciones extrajudiciales en contra de los líderes del movimiento.
Más de 30 personas muertas, 311 personas detenidas arbitrariamente, 248 personas torturadas, y por lo menos dos desapariciones forzadas, es el saldo sangriento de los crímenes cometidos en aquel periodo y de los cuales no se conoce ningún presunto perpetrador, ni autoridad sobre quien recaiga una responsabilidad mayor, que haya sido presentado ante la justicia.
El año 2006, en Oaxaca, es el punto de partida para la implementación de una política represiva de contención de la protesta social por parte del Estado, pues durante aquellos años se ensayaron estrategias de persecución e incluso de exterminio en contra de luchadores sociales y defensores de derechos humanos.
Contención del Movimiento Social
En el transcurso de los años 2006 y 2007 el Estado Mexicano inauguró una fórmula de contención del movimiento social que actualmente se ha venido repitiendo en diferentes lugares del país: Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Arantepacua, son los más significativos ejemplos, y particularmente en el Estado de Oaxaca. Esta fórmula represiva fue actualizada durante los crímenes ocurridos en Asunción Nochixtlán el 19 de junio de 2016, mismos que dejaron un saldo fatal de ocho muertos y más de un centenar de heridos entre la población civil.
Actualmente, estas prácticas se han vuelto recurrentes; incluso podría decirse que son generalizadas y sistemáticas, lo que podría incluso considerarse como una crisis humanitaria, si se toma en cuenta la gran cantidad de víctimas y crímenes cometidos como consecuencia de la fallida guerra contra el narco.
Registro de muertes
Del periodo comprendido del 2006 a la fecha la Defensoría de Oaxaca tiene un registro de 103 muertes por cuestiones políticas en la entidad, es decir, asesinatos de líderes políticos, representantes de partidos, autoridades municipales, entre otros.
Esa crisis se observa en las crecientes agresiones contra personas defensoras civiles de derechos humanos y contra periodistas y comunicadores. En el primero de los casos, la Defensoría tiene un registro de que en la entidad de 2015 a la fecha se cometieron 989 agresiones, 24 de las cuales fueron homicidios. Respecto al gremio periodístico en el mismo periodo de tiempo se tiene un registro de 517 agresiones, 11 de las cuales acabaron con la vida del comunicador.
Ataques que no solo se presentan en la entidad sino en todo el país y que han ido escalando en su grado de violencia hasta afectar a los defensores públicos de derechos fundamentales, como el horroroso caso del asesinato del Ombudsman de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho.
Crímenes que, no obstante, su gravedad, los gobiernos tanto federal como estatal han omitido investigar, o haciéndolo, lo han hecho de manera fraudulenta buscando exculpar a los responsables de tales hechos, quienes disfrutan de completa impunidad.
El Ombudsman admitió que las diferentes denuncias en materia de violaciones graves a los derechos humanos se hacen dentro de un contexto de impunidad, corrupción y cinismo rampante. Prueba de ello es que, pese a la existencia de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, incluso pronunciamientos de la Organización de las Naciones Unidas respecto a las graves violaciones a derechos humanos en el estado de Oaxaca durante 2006 y 2007, no existe ninguna persona que haya sido imputada y sancionada legalmente por lo ocurrido.
El actual fiscal estatal puede ser responsable –como sujeto de investigación– por delitos de lesa humanidad cometidos cuando ocupó los cargos de subsecretario de Gobierno y subprocurador de Asuntos Internos de la extinta Procuraduría de Justicia del Estado.
Y al prever este conflicto de interés, y la inacción de los organismos procuradores de justicia a nivel local, es que la Defensoría de los Derechos Humanos determina que es clave para el proceso de justicia, la obligación de denunciar estas violaciones a los derechos humanos y los delitos concomitantes, ante la Corte Penal Internacional, toda vez que se reúnen los requisitos de procedibilidad y competencia señalados por el Estatuto de Roma de la Corte.
La controversia de la Defensoría de Oaxaca se suma a las que presentaron la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el municipio de San Pedro Cholula, Puebla.
De las otras cinco acciones de inconstitucionalidad, la primera fue promovida por los grupos parlamentarios del PRD, PAN, Morena y Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados.
Una más fue presentada el pasado viernes 19 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), luego hizo lo propio el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La cuarta fue interpuesta por la Cámara de Senadores y la última por MC.
