El presidente Barack Obama invocó la autoridad de “privilegio ejecutivo” para mantener confidenciales los documentos sobre el polémico operativo “Rápido y Furioso”, exigidos por los republicanos de la Cámara de Representantes.
El presidente del Comité de Supervisión, Darrell Issa, leyó el anuncio, contenido en una carta del Departamento de Justicia, en el inicio de la audiencia para considerar en desacato al procurador Eric Holder por supuesta falta de cooperación en la investigación. Issa señaló que la declaratoria es insuficiente para poner en suspenso el voto de desacato, a pesar de que el demócrata de más alto rango, Elijah Cummings, consideró que el Comité debe estudiar las implicaciones del ejercicio de “privilegio ejecutivo”.
El republicano Dan Burton sostuvo en la audiencia que la decisión del presidente de ejercer “privilegio ejecutivo” abre la interrogante de cuánto sabía Obama o funcionarios del Departamento de Justicia sobre “Rápido y Furioso”. En contraste, la demócrata de Nueva York, Carolyb Maloney, consideró inaudito el desacato contra Holder, lo ubicó como parte de una “cacería de brujas” en un año electoral y acusó a los republicanos de buscar culpables en lugar de buscar reformas en el tema de armas.
Los documentos cubiertos por la confidencialidad incluyen las comunicaciones del gobierno federal sobre su conocimiento del operativo que permitió el ingreso ilegal de más de dos mil armas a México. En octubre pasado el Comité emitió un citatorio donde demandó todas las comunicaciones entre la oficina de Holder y las de los subprocuradores David Ogden, Gary Grindler, James, Cole, Manny Breuer, Jason Weinstein, Kenneth Blanco, John Keeny y Bruce Swartz. Asimismo pidió la información relacionada con el asesinato del agente de la Oficina de Servicios Migratorios y Aduanales (ICE) en México Jaime Zapata y del agente Brian Terry, ocurrido en 2010.
Hasta el momento el Departamento de Justicia ha entregado siete mil 600 páginas de 140 mil que han sido revisadas. Pero los republicanos sostienen que el Departamento de Justicia no ha entregado al Comité de Supervisión de “ni una sola página” de 12 de las 22 categorías de documentos solicitados. Entre éstas áreas figura la identificación de los altos funcionarios que conocieron la polémica operación, así como la falta de cooperación entre las agencias federales para compartir información sobre posibles arrestos de sospechosos.
