“El Derecho a la Salud: punta de lanza de la política social”: Mauricio Tabe Echartea

En vísperas a las elecciones que llevara el Partido Acción Nacional  para elegir a su próximo dirigente capitalino, el ex diputado local, compartió con LaSalud.mx, sus reflexiones sobre el tema de la salud en el hoy Distrito Federal.

“La salud es un derecho humano universal consagrado en nuestra Constitución”.

“La salud es el detonador de un desarrollo integral de la persona”

Como parte de los derechos sociales, toda democracia comprometida con el desarrollo humano integral busca salvaguardar estos derechos para sus ciudadanos. Por ello, para los gobiernos de Acción Nacional el acceso a la salud fue una prioridad: se estableciópor mandato de ley que la prestación de servicios públicos de salud debe regirse por los criterios de universalidad y de gratuidad y se creó el Seguro Popular para garantizarlo. Así, durante la administración del presidente Calderón se alcanzó la cobertura universal en salud.

No obstante, el reto es mayúsculo pues los recursos humanos, materiales y de infraestructura requeridos para brindar servicios médicos de calidad nunca han sido suficientes y su demanda es siempre creciente. Esta verdad parece no ser una obviedad para el Gobierno del Distrito Federal, ya que si bien el gasto en salud (presupuesto de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud Pública del DF) fue del orden de los 8 mil 967 millones de pesos en 2012,  cifra que aún no alcanza los más de 9 mil 558 mdp de 2007, al inicio de la gestión de Ebrard —y eso tomando lo asignado nominalmente, es decir, sin descontar la inflación—.

En términos llanos: en la visión de los gobernantes actuales de la ciudad es más importante incrementar los recursos para transferencias de programas sociales, las cuales aceitan las redes clientelares, que contratar a más médicos, aumentar el número de camas censables, mejorar el abastecimiento de medicamentos o instrumentar verdaderas campañas de prevención; esto en una ciudad donde el 44% de sus residentes carecen de algún tipo de seguridad social. Siendo así, no causa sorpresa que de acuerdo con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud del Gobierno Federal (Seguro Popular) sean sólo dos entidades las que no han logrado sus metas de filiación para la cobertura universal voluntaria, Colima y el Distrito Federal.

La ciudad sufre las consecuencias de ser una gran urbe del siglo XXI. Por un lado, debe atender a una población en creciente envejecimiento —hoy, uno de cada ocho capitalinos tiene más de 60 años— con padecimientos crónico-degenerativos, cuyo tratamiento es costoso y largo, como la diabetes; y por el otro, recibe la presión de la población de los municipios conurbados que buscan atención médica en el Distrito Federal cuando enferman.

Para el PAN en el DF la agenda social es clara, se deben desarrollar políticas públicas que fortalezcan la salud de la población en el largo plazo tomando en consideración tanto las necesidades como las restricciones. En primer lugar, hay que atender las necesidades presentes: dar preeminencia a la salud con una mayor asignación presupuestaria, la cual corresponda con las exigencias impuestas por el perfil demográfico y epidemiológico de los habitantes del Distrito Federal. En segundo término, hay que involucrar a todos los interesados. El problema de salud pública es, como muchos otros, un problema de la Zona Metropolitana de Valle de México, por lo que las autoridades de las tres entidades que la conforman deben trabajar de manera coordinada para elaborar soluciones conjuntas con recursos alineados. Sumando esfuerzos, se maximizan beneficios. Por último, el enfoque de atención en salud debe enfatizar la importancia de la prevención, pues es la única solución de fondo, hay estimaciones que indican que las tasas de dependencia para el 2030 alcanzarán el 65% lo que pondría en riesgo de colapso el sistema de salud en el Distrito Federal.

La salud es el detonador de un desarrollo integral de la persona. No existe agenda de política social deseable, viable y exitosa que no se base en garantizar el derecho a la salud, al acceso efectivo de servicios de calidad y a la instrumentación de estrategias de prevención que informen, concienticen y cambien hábitos en la población para mejorar su salud y reducir futuros costos para el sistema de atención pública.