Más de 5,000 demandas de amparo rezagadas en los Juzgados de Distrito
El primer semestre del 2021, dos jueces de distrito en materia administrativa y especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, interpusieron dos demandas de amparo con motivo de los cambios regulatorios efectuados por el poder Ejecutivo Federal. En los últimos 4 meses, estos órganos jurisdiccionales han recibido más de 6,000 demandas de amparo, lo que representa un aumento de más de 710% con respecto al primer semestre de 2019. Aunado a esto, en el mes de agosto se han promovido cientos de demandas más.
A pesar de que el artículo 112 de la Ley de Amparo plantea que se deberá determinar si las demandas se desechan, previenen o admiten en un plazo de 24 hrs, en este momento existen aproximadamente 5,000 demandas de amparo rezagadas en la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito. Éstas fueron presentadas hace más de 3 meses y a la fecha no han sido admitidas y no cuentan con un número de expediente.
Esta situación afecta el derecho de las personas a acceder a la justicia pronta y expedita, previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José.
Las instituciones del Estado mexicano, entre ellas el Poder Judicial Federal, son las encargadas de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos dentro de los plazos que prevén las leyes, pues, de lo contrario, no sólo estarían violando los derechos humanos, sino que estarían incurriendo en actos irregulares que pueden causar daños a los particulares.
El retraso masivo en la atención de demandas de amparo provoca incertidumbre y desalienta la inversión por parte de empresas que buscan ambientes de certidumbre legal y estabilidad macroeconómica para invertir. Por esta razón International Chamber of Commerce México solicitó respetuosamente la intervención urgente del ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea, presidente del Consejo de la Judicatura Federal, para atender las irregularidades del funcionamiento del juicio de amparo.
