Inexistente procuración de justicia para mujeres en México: ENF
“El gobierno mexicano no cumple con el deber de defender los derechos humanos de las mujeres pues la impunidad es una práctica generalizada en la que no hay delito que perseguir”, sentenció Leonor Aída Concha, integrante de la Red Nacional de Género y Economía, quien fungió como jueza durante la segunda audiencia del Tribunal de los Derechos Humanos de las Mujeres.
En el Noveno Encuentro Nacional Feminista realizado en el estado de Jalisco este fin de semana, el Tribunal analizó el caso de la desaparición forzada de Mónica Alejandrina Ramírez, ocurrido en 2004 en el Estado de México y el de Nadia Muciño, víctima de feminicidio también en la entidad mexiquense en ese mismo año.
Durante la audiencia, Adela Alvarado, madre de Mónica Alejandrina, narró cómo ella y su familia han tenido que realizar las investigaciones pertinentes, cómo las autoridades se han encargado de obstaculizarlos y demeritado el caso al alegar que “seguramente Mónica era lesbiana y por eso se fue de casa”.
La madre de la joven explicó que a nueve años de la desaparición de Mónica, la familia no sabe dónde está. “Hemos recibido amenazas y enfrentado a la corrupción de las autoridades en todos los niveles de gobierno”.
Al respecto, Aída Concha llamó a las feministas a conformar una fuerza política capaz de incidir en las decisiones y proponer reformas necesarias para garantizar el debido respeto de los derechos humanos de las mujeres. “Hay una violencia exacerbada en todo el país en contra de las mujeres, necesitamos defender nuestros propios derechos, ya no podemos esperar”.
Por su parte, Sylvia Marcos, jueza del Tribunal, aseveró que en México no existe la procuración de justicia para las mujeres, muestra de ello, dijo, es la actitud de desprecio, desinterés, burla y misoginia por parte de los servidores públicos que han estado y están a cargo de este caso.
Respecto al caso de Mónica Alejandrina, señaló que el gobierno mexicano es culpable y se han violado los derechos fundamentales de la víctima y de la familia.
En el análisis del caso de Nadia Muciño, quien fuera víctima de feminicidio en el municipio de Cuautitlán Izcalli, las juezas determinaron que el Estado violó los derechos a la vida, a la dignidad a la igualdad, al acceso a la justicia, al debido proceso y a la vida libre de violencia, entre otros.
Por último, apuntaron que las recomendaciones derivadas de este caso para el Estado mexicano son: instar al gobierno a garantizar los derechos humanos de las mujeres, hacer una revisión exhaustiva del caso y sancionar a las autoridades que tuvieron participación negligente o corrupta durante este proceso y exigir al gobierno estatal la reparación del daño.
