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Modernizar bibliotecas, prioridad para enfrentar el analfabetismo y conservar el patrimonio documental

 

  • Red Nacional de Bibliotecas Públicas ofrece cada año servicios gratuitos a más de 30 millones de usuarios

 

La Cámara de Diputados aprobó con 374 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley General de Bibliotecas, para modernizar este sistema, a fin de enfrentar el analfabetismo y los deficientes hábitos de lectura de la población.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Miguel Ángel Aguayo López (PRI), secretario de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, aseveró que con la actualización del marco jurídico de bibliotecas, el Estado mexicano cuenta con instrumentos más eficaces para fomentar la conservación del patrimonio documental del país contenido en las bibliotecas públicas.

Refirió que la iniciativa fue presentada por el extinto diputado priista Jorge Herrera Delgado, el cual consideraba a las bibliotecas como “pilares para el ejercicio de un amplio conjunto de derechos sociales, promover la cultura, las artes y formar a la ciudadanía”.

Aguayo López destacó entre los aspectos más importantes del dictamen que reforma 8 artículos y adiciona 5, establecer los criterios para orientar las políticas públicas de desarrollo bibliotecario y definir servicios que consoliden a la biblioteca como un instrumento para la difusión cultural, la conformación de la memoria de las comunidades y el progreso educativo constante.

La reforma total al artículo segundo transforma la política de desarrollo de colecciones para que la autoridad federal contribuya a la selección y conformación de acervos en función de las necesidades de las comunidades; también establece las definiciones exactas de bibliotecarios, colecciones y servicios bibliotecarios.

Explicó que se precisan con claridad las áreas de entrenamiento, capacitación y actualización del personal adscrito a las bibliotecas públicas de la Red Nacional de Bibliotecas. Contempla nuevas atribuciones de las autoridades estatales en materia de protección civil y actividades para integrar a personas con alguna discapacidad, minorías lingüísticas y grupos vulnerables.

Con este nuevo marco jurídico se prevé que las autoridades municipales promuevan actividades educativas, cívicas y culturales en las bibliotecas públicas, con el propósito de rescatar tradiciones culturales tanto orales como escritas; establecer salas infantiles y desarrollar un sistema de bibliotecas móviles multilingües, de acuerdo a las necesidades de las propias comunidades para proporcionar servicios bibliotecarios a las localidades de difícil acceso.

El Sistema Nacional de Bibliotecas deberá mantener actualizado y disponible en medios electrónicos un directorio completo de las bibliotecas; además, el consejo del sistema podrá recomendar y opinar sobre las políticas públicas para proponer mejoras a la organización de la red.

Bibliotecas móviles a comunidades alejadas

Durante los posicionamientos, la diputada Sonia Rincón Chanona (Nueva Alianza) destacó la necesidad de impulsar un sistema de bibliotecas móviles de acuerdo a las necesidades de las comunidades para proporcionar servicios bibliotecarios a las localidades de difícil acceso.

Resaltó que deben “establecerse patronatos que faciliten la difusión de una cultura lectora multilingüe en las comunidades más alejadas”, para integrar a las personas con alguna discapacidad.

Indicó que estas reformas fortalecen el papel de las bibliotecas públicas, como motores del desarrollo educativo y cultural de las comunidades, “lo que es un paso firme para lograr una sociedad incluyente que no deje atrás la discriminación”.

A nombre del Partido del Trabajo, el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo subrayó que las bibliotecas públicas resuelven la falta de recursos económicos para adquirir libros, revistas y periódicos que permiten incrementar el acervo cultural y educativo que requiere con urgencia el país, para superar la falta de educación, “que hacen un caldo de cultivo de la ignorancia en que viven miles de ciudadanos”.

Planteó no olvidar que México tiene un rezago educativo de más de 33 millones de habitantes, que demandan urgentemente políticas educativas, donde destaca “un número intolerable en pleno siglo XXI de más de 100 millones de personas analfabetas”.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano), consideró que la educación no sólo son las aulas o los programas educativos en sus diferentes niveles, sino la infraestructura de bibliotecas suficientes para que cualquier mexicano, hombre o mujer, acceda a la cultura y al conocimiento.

“Las bibliotecas son el lugar donde se cuida este acervo, no solamente implican juntar o coleccionar papeles; no son archivos, son instancias que tienen la memoria viva de los pueblos a través de las letras, de la literatura, de la historia, de las biografías y de los diferentes géneros que constituyen el saber humano”, sostuvo.

Por el PVEM, el diputado Mario Francisco Guillén Guillén resaltó que “el reto es formar lectores habituales y autónomos; ello no sólo requiere de la multiplicación de los espacios de lectura, sino que plantea la necesidad de fortalecer la función de la biblioteca pública para que atienda mejor a los jóvenes y académicos que son usuarios frecuentes”.

Se trata también de incrementar su capacidad de atraer a otros sectores de la población y logre interesarlos en la lectura, a fin de convertir a las bibliotecas públicas puntos de encuentro vivencial con los libros en condiciones adecuadas de comunidad y calidad para todos sus usuarios.

A nombre del PRD, el diputado Mario Miguel Carrillo Huerta precisó que el país cuenta con 22 mil 630 bibliotecas, de las cuales 7 mil 388 integran la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Cuestionó el que se instruya a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a realizar todas las actividades derivadas de las reformas con el presupuesto que ya disponga.

“Tenemos que hacerlas atractivas de modo que los usuarios utilicen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para acceder a ese conocimiento y a esa cultura que se quiere promover”, propuso.

La diputada María Guadalupe Mondragón González (PAN) subrayó que la Red Nacional de Bibliotecas Públicas está constituida por espacios de una gran heterogeneidad tanto en dimensiones y diseño como servicios y conservación, por lo que mantenimiento, remodelación, ampliación, renovación y enriquecimiento de los espacios y acervos bibliotecarios deben realizarse coordinadamente entre los gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal.

Resaltó que entre las obligaciones de los gobiernos de los estados se incorpora la de establecer un programa de protección civil obligatorio para las bibliotecas públicas y actividades para la integración de las personas con alguna discapacidad, así como minorías lingüísticas y de grupos vulnerables.

Por el PRI, la diputada Adriana Fuentes Téllez precisó que la Red Nacional de Bibliotecas Públicas está conformada por 7 mil 388 recintos localizados en 2 mil 281 municipios, y proporciona servicios bibliotecarios gratuitos a más de 30 millones de usuarios cada año.

Consideró oportuno delimitar las funciones de SEP, así como de los gobiernos de los estados, municipios, las demarcaciones del Distrito Federal; además, ampliar y especificar las acciones del Consejo de la Red y Sistema Nacional de las Bibliotecas para fortalecer la organización, supervisión, conservación, disponibilidad y accesibilidad de las bibliotecas públicas del país en beneficio de la población.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) dijo que con este dictamen se fortalece la cultura mediante la consolidación del sistema de bibliotecas y mejorará el nivel educativo y cultural. “A veces se piensa sólo en soluciones macro y descuidamos pequeñas cosas que pueden ser importantes para distintas comunidades, como el acceso a nuevas tecnologías en la sociedad de la información, lo cual es fundamental”, por lo que adelantó su voto a favor.

Enseguida, el diputado Abel Octavio Salgado Peña (PRI) dijo que su voto iría en pro, ya que enriquecerá el acervo cultural, histórico y bibliográfico que debe llegar a las comunidades y pueblos más marginados, “a niños y jóvenes que deben tener acceso a instrumentos que les abran las puertas del conocimiento y oportunidades para su desarrollo”.

El diputado Salvador Romero Valencia (PRI) señaló que la reforma reviste una especial importancia para incrementar el nivel educativo y cultural de los mexicanos, pues hace falta que “nuestros niños, adolescentes y jóvenes cuenten con las herramientas necesarias para desarrollar su acervo cultural.

El dictamen fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

 

 

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