En el mercado laboral, entre 2.5 y 3.6 millones de niños en rango de 5 y 17 años de edad
Mundodehoy.com.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo, para prohibir que laboren menores de 15 años, así como los mayores de 15 y menores de 18 años que no hayan terminado su educación básica.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Claudia Delgadillo González (PRI), presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, resaltó la importancia de conjuntar esfuerzos y voluntades en torno al trabajo infantil, para evitar la explotación y violación sistemática de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Destacó la importancia de garantizar que los menores de edad se encuentren lo menos expuestos a riesgos que deterioren o dañen su integridad física o emocional.
Explicó que, a nivel mundial, se han establecido mecanismos de defensa y protección de este sector, para promover sus derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, entre ellos la protección contra a explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso, que entorpezca su educación y sea nocivo para su salud y desarrollo.
Dijo que esta actividad no se restringe al trabajo económico o asalariado, sino que abarca desde el trabajo doméstico no pagado realizado en los hogares, pasando por el trabajo económico no remunerado y remunerado, hasta las peores formas de trabajo infantil.
Explicó que en el dictamen se norman trabajos peligrosos e insalubres en los que se prohíbe utilizar el trabajo de menores de 18 años y, en cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, se establece la posibilidad de que puedan desarrollar esas labores, si se garantiza plenamente la salud, seguridad y moralidad de los adolescentes, y hayan recibido instrucción adecuada y específica en esa área de actividad.
Además, asienta que sólo podrá permitirse la contratación de adolescentes de este rango de edad en empleos debidamente clasificados por la Junta de Conciliación y Arbitraje o de Inspección del Trabajo, los cuales deberán otorgar el permiso correspondiente, como autoridades laborales que conocen los riesgos y condiciones que implican determinados empleos.
Al fijar el posicionamiento de Nueva Alianza, el diputado José Angelino Caamal Mena afirmó que el trabajo infantil constituye un grave problema en México, por lo que el Estado debe garantizar condiciones laborales a los padres que aseguren la manutención de las familias.
Añadió que se tiene que dar prioridad al estudio como actividad fundamental para menores de 15 años, generar crecimiento económico y asegurar que la fuerza laboral se quede en el país, de lo contrario, dijo, “las familias en pobreza continuarán en la necesidad de que todos sus integrantes aporten para la manutención diaria, incluyendo a los menores”.
Al participar, el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo (PT) afirmó que en un estudio internacional sobre Índice de Trabajo Infantil 2014, México se encuentra en el lugar 56 de 197 países en donde se califica como una nación que ha puesto en riesgo extremo a los menores que habitan en territorio nacional, ya que trabajan 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes de entre cinco y 17 años. Por las condiciones económicas del país y los bajos salarios de los padres, los menores salen al mercado laboral sin tener derechos como trabajadores, ni salario digno ni prestaciones, por lo que se pronunció por implementar mejoras laborales y de salarios que alcancen para la Canasta Básica y que los niños puedan gozar de sus derechos.
Enseguida, el diputado Juan Luis Martínez Martínez (MC) afirmó de acuerdo con datos del Módulo de Trabajo Infantil, elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en 2013 habían 29.3 millones de niños, niñas y adolescentes de cinco a 17 años de edad, de los cuales 2.5 millones se encontraban realizando alguna actividad económica, de ellos 673 mil en el sector agropecuario, al margen de la legislación y en condiciones de explotación.
Dijo que se requiere un esfuerzo integral para garantizar el desarrollo de los menores con educación y oportunidades, de lo contrario, continuó, esa falta de acceso a mecanismos de desarrollo representará desventajas laborales, intelectuales e incluso emocionales y la imposibilidad de romper con la reproducción intergeneracional de la pobreza.
En México, por diversos factores económicos, sociales y culturales, un número importante de menores se ve en la necesidad de trabajar para contribuir al ingreso familiar o financiar sus estudios, por lo que las autoridades del trabajo, dijo, deben asumir obligaciones de inspección y vigilancia para garantizar que esa necesidad de laborar no obstaculice el ejercicio de sus otros derechos.
Aprobado en lo general y en lo particular, se envió al Senado para sus efectos constitucionales.
