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La agenda de Derechos Humanos de las Mujeres

Por: Diputada Dinorah Pizano

Ellas.mx.- La agenda de derechos humanos de las mujeres es la agenda nacional: acceso a la salud, educación, vivienda, empleo. Si existen rezagos en amplias capas de la población en esos rubros, en el caso de las mujeres se agudizan, toda vez que condiciones de precariedad se acentúan por las dificultades que enfrentan para acceder a educación, limitando su capacidad en la obtención de empleo de calidad y bien remunerado, lo que deriva en insuficientes recursos para adquirir vivienda digna y servicios de salud, es decir, se genera un círculo vicioso.

Una problemática como la que enfrentamos no termina en aspectos relacionados con la seguridad social, hay otra vertiente importante, misma que es ineluctable atender: el acceso a la justicia y a la seguridad pública.

Cabe preguntar: ¿por qué además de indignar a la Ciudad de México, conmovió el caso de la trabajadora de limpieza asesinada en una tienda departamental en noviembre de 2014 durante el llamado Buen Fin? Quizá porque es emblemático de la circunstancia general en que se desenvuelve el género: una mujer laborando en horario nocturno, empleo precario, que muere en manos de la pareja, en el lugar de trabajo, cuyos directivos arman una conspiración para encubrir su asesinato. Esto no puede ser, sin embargo, ocurrió.

De acuerdo con un informe elaborado en 2013 por las Premio Nobel de la Paz Jody William y Rigoberta Menchú, a partir del año 2006 los feminicidios en México se incrementaron en 40 por ciento. Posterior a la gira que realizaron por nuestro país con el objetivo de conocer la situación de desigualdad de género y violaciones de derechos humanos, concluyeron que además de la violencia sexual y la desaparición forzada, es prioritaria la erradicación de la violencia generalizada contra la mujer, “no sólo por razones humanitarias, sino porque representa una violación grave de los derechos humanos”, según expresó Marusia López Cruz, representante de JASS, organismo que dio a conocer el reporte.

Asimismo, cifras dadas a conocer en el Informe sobre Feminicidio en México, elaborado y publicado en 2011 por ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Colegio de México, los feminicidios se incrementaron de manera sostenida a partir de 2007. Nuestro país ocupa hoy el lugar 16 a nivel mundial en lo que a la comisión de dicho delito se refiere. 

Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio estima que en México seis mujeres son asesinadas cada día, de las cuales el 50 por ciento encuadran en feminicidio, es decir, en crímenes motivados por sexismo o misoginia, sin embargo no son clasificados así. De acuerdo a la organización, en los últimos dos años se han producido 2 mil 300 víctimas de ese tipo penal, pero sólo 572 casos son investigados bajo ese rubro.

El Observatorio también alerta que apenas el 1.7 por ciento de los casos que se reconocen como feminicidio alcanzan sentencia, “por lo que además de la lucha para que los homicidios contra mujeres se cataloguen como feminicidios cuando así lo amerita, hay un problema de impunidad”.

Reflejo de la negligencia con que las autoridades de todos los niveles de gobierno enfrentan el fenómeno, es que apenas en 2013 se tipificó el feminicidio en las 32 entidades federativas. Y si bien desde un año antes empezó a legislarse en esa materia, en 2015 todavía es un delito que no es efectivamente perseguido, castigado, y por lo mismo, difícilmente podrá ser erradicado en el mediano plazo.

Desafortunadamente los responsables de tomar las decisiones en la materia no ayudan. En enero del año pasado se negó una declaratoria de alerta de género para el estado de Chiapas, por supuestamente estar focalizado el problema en algunos municipios. Igualmente se ha pedido en reiteradas ocasiones la alerta para el Estado de México, donde se ha incrementado el feminicidio de manera alarmante en los últimos cinco años. A estas dos, se suman las peticiones de declaratoria de emergencia para Nuevo León, Guanajuato y Oaxaca.

Por inexplicable razón, el Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), integrado por las secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional de las Mujeres y los institutos locales de mujeres de las 32 entidades, considera que el problema no es grave.

Si bien la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en febrero de 2007, establece la creación de un Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las Mujeres, a la fecha no existe. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha exigido la creación de ese banco de datos para conocer la magnitud de la violencia de género en el país, pues sólo obtiene cifras de las procuradurías estatales, que no siempre entregan, o simplemente no tienen, y quienes hemos ejercido responsabilidades públicas, sabemos que sin datos fehacientes no se pueden elaborar políticas públicas efectivas que enfrenten y resuelvan los problemas.

Pero retomando los aspectos de seguridad social mencionados al principio de este artículo, sin lugar a dudas podemos afirmar que la violencia de género también se ejerce cuando no se permite a una mujer acceder a educación, creando condiciones que le permitan matricularse hasta el grado deseado, no al que puede. Violentan sus derechos humanos cuando debe elegir empleos precarios y cuya remuneración en muchos casos es en 30 por ciento menor a la de los varones en el mismo puesto. En esa raíz anidan las desventajas posteriores en la adquisición de un patrimonio propio y de medios para conservarse saludable.

De manera que la agenda de seguridad social y de acceso a la justicia para las mujeres es una agenda que no solo está pendiente en materia de derechos humanos, sino que cada día se incrementa, pues su seguridad en la actualidad no sólo tiene que ver con que se emita la alerta de género de manera inmediata en los estados para los que se ha pedido, sino que diseñemos a la brevedad quienes tenemos una responsabilidad social, políticas públicas que brinden seguridad integral a la mujer, estableciéndolas en el Plan Nacional de Desarrollo y, por supuesto, en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, con enfoque integral de derechos humanos y transversalización de género. Es urgente.

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