Mundodehoy.com.- La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y el gobierno de Baja California Sur (BCS) alentaron embargo pesquero al detener inexplicablemente el Acuerdo de Área de Refugio para la Tortuga Caguama en el Golfo de Ulloa, que debería estar publicado en el Diario Oficial de la Federación a una semana de cumplirse el plazo para que el gobierno de Estados Unidos implemente sanciones económicas en contra de México.
Ante la alta mortandad de tortugas caguama o amarilla (Caretta caretta) del Pacífico norte debido a la pesca incidental y la amenaza del Departamento de Comercio de Estados Unidos de implementar sanciones económicas hasta que no se adopten políticas y regulaciones de pesca comparables e igualmente efectivas a las que rigen ese país, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sometió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) [2] el pasado 9 de diciembre el acuerdo por el que se establece el área de refugio para la tortuga amarilla (Caretta caretta) en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur.
Dado lo anterior, en febrero pasado la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) determinó que “debido a que el gobierno de México ha propuesto el establecimiento de una zona de refugio (para las tortugas caguama o amarilla) y demostrado el progreso hacia la adopción de un programa regulador de captura incidental, el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NFMS) está retrasando su certificación determinación hasta mayo de 2015 para determinar si la regulación implementada es comparables en eficacia a relevantes medidas regulatorias de Estados Unidos”.
“Las medidas que proponen la Conapesca y el gobierno de BCS no son las adecuadas ni son equiparables a las medidas que adopta EEUU para la protección de la tortuga caguama. Si no se publica a la brevedad el área de refugio ya propuesta, esto llevaría a que EEUU no certifique a México en mayo del 2015, y a un riesgo serio de embargo pesquero” dijo Gustavo Alanís Ortega, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda).
A pesar del compromiso internacional entre ambas naciones, la Conapesca y el gobierno de Baja California Sur han detenido el proceso de publicación, alentando sanciones comerciales de al menos 400 millones de dólares [4], en sentido contrario a los acuerdos que se han dado al menos en 2014 entre la NOAA, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La misma cancillería ha dado fe de estas negociaciones y ha aceptado que “una certificación negativa sobre las actividades pesqueras en México podría implicar la pérdida de acceso a puertos estadounidenses para embarcaciones pesqueras mexicanas, y podría derivar en restricciones a exportaciones pesqueras de nuestro país”.
“Desde que se creó la Ley General de Vida Silvestre en el año 2000, es facultad de la Semarnat el manejo y conservación de las tortugas marinas, así como la creación de áreas de refugio para su protección. Si la Conapesca quiere arriesgar el medio de subsistencia de decenas de miles de pescadores mexicanos de los dos litorales apostando a que no habrá embargo, será su decisión y negligencia. La Semarnat no tiene porque seguirle el juego y debe decretar el área de refugio para salvaguardar el bienestar de una especie en peligro de extinción que está bajo su tutela, así como el bienestar económico de los pescadores mexicanos.” dijo Juan Carlos Cantú, director de programas de Defenders of Wildlife de México.
“Hacemos un llamado de urgencia a las dependencias públicas de México involucradas en este asunto para acordar una real protección para la tortuga amarilla a través de un área de refugio que ya está lista para que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Postergar la protección de los quelonios implicaría una sanción unilateral y negativa por parte del país del norte. Está en manos del gobierno mexicano detener el embargo” finalizó Alanís Ortega.
