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"Una gestión integral, para la sustentabilidad de las aguas nacionales”

 

  • La sustentabilidad del agua solo es posible a través de una gestión integral

 

Por: M. en C. Héctor Lugo Salazar 

Mundodehoy.com.- ¡No!, no se requiere una nueva Ley de Aguas Nacionales (LAN), lo que el país necesita es una Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), dependiente de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que tenga como misión, lograr una gestión integral y sustentable de las aguas nacionales en su entorno ambiental.

La sustentabilidad del agua solo es posible a través de una gestión integral a las aguas nacionales, la cual debe ser llevada a cabo a través de la más alta rectoría del país para promover en los hechos, la concertación interinstitucional e interdisciplinaria que permita un adecuado aprovechamiento de las sinergias de las Secretarias y Dependencias del Gobierno Federal; quien, conjuntamente con la de los organismos operadores del agua y del medio ambiente de todos los Estados y Municipios, se logren soluciones específicas a la diversa problemática hídrico-ambiental del país.

Infortunadamente lo anterior no es posible ahora, en virtud de que la CONAGUA es una Dependencia que de acuerdo a su LAN, depende directamente del Ejecutivo Federal, lo cual le permite una amplia discrecionalidad en su actuación.

Por tanto, si se trata de lograr una verdadera gestión integral del agua, es necesario que el Ejecutivo Federal haga depender a la CONAGUA de la SEMARNAT, a la que actualmente está asignada administrativamente como cabeza de Sector, con el fin de que verdaderamente lleve a cabo las políticas hídrico-ambientales que el país requiere, de conformidad con su Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente (LGEEPA).

Se trata en lo fundamental, de que la CONAGUA se oriente a lograr un eficiente abasto de agua sana al consumo humano; así como también, al logro de una logística de distribución del recurso hídrico en la calidad que le demanden los usos industriales, agrícolas y turísticos, y en paralelo, se cuiden y preserven los cuerpos de aguas nacionales continentales y costeros.

Pero ¿por qué una gestión integral de las aguas nacionales?, porque el agua es un recurso estratégico para lograr el desarrollo social y económico del país y porque además, es un recurso vital a toda forma de vida; por ello, el Estado no puede renunciar a su cuidado y administración, ya que el agua es de todos, pero lo es más, de aquellos que tienen sed y la demandan como un derecho humano.

En esta lógica de prioridad, los gobiernos no pueden ser indiferentes ni evadir su responsabilidad de administrar, cuidar y preservar el recurso,  bajo los siguientes tres principios* :

“El agua pertenece a la nación y su administración corresponde al Estado”.

“El agua es la vida de los ecosistemas y es responsabilidad del Estado preservarla así”.

“El agua es vital, por lo que su destino al consumo humano es prioritario y debe ser garantizado”.

Infortunadamente, cada vez es más evidente la escasez del recurso agua, debido a la creciente sobreexplotación y contaminación de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, lo cual deriva en un medio ambiente también en permanente deterioro.

Este desalentador panorama ambiental se hace cada vez más crítico, desde que José Luis Luege Tamargo fungiera como titular de la SEMARNAT y después de la CONAGUA, el agua y el medio ambiente han sido gravemente afectados por la indolencia en su administración, principalmente, a causa de que no se ha logrado entender o no se ha querido aceptar, que los problemas ambientales obedecen a sistemas complejos, en los que su comprensión debe involucrar el espacio físico biológico, interrelacionado con la población, la economía y el medio ambiente.

Naturalmente, en la visión parcial de CONAGUA no pueden haber soluciones integrales a los problemas hidrológicos que impulsen el desarrollo social y económico del país, y sí en contraposición, se agravan los problemas ambientales y en esta tesitura, se encuentra que están contaminados casi la totalidad de los ríos y que además, existe una excesiva sobreexplotación de los principales acuíferos del país, y que el problema de desforestación se hace cada vez más crítico.

En esta temática de siniestros ambientales de alarma nacional, está la sobreexplotación de los mantos freáticos en la Cuenca Hidrológica del Valle de México, que debe ser atendida con criterios de urgente sustentabilidad.

No es un deseo excesivo pretender acciones de solución inmediata, ya que en esta cuenca se ubica la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, que la conforman 16 delegaciones del Distrito Federal y 60 municipios conurbados del Estado de México e Hidalgo, con una población de más de 20 millones de habitantes. Se trata por tanto, de una desmesurada megalópolis obligada a interrelacionar la gestión pública hídrico-ambiental de sus gobiernos, con criterios sistémicos y de sustentabilidad.

En el tema de la diversidad de problemas desatendidos en el país, está el fenómeno de la intrusión salina, el cual ha ocasionado la pérdida de enormes extensiones de tierra laborable, como fue el caso del llamado “Granero de México”, en el noroeste del país, en el que se afectaron tierras que ahora son imposibles de recuperar a la agricultura.

Una amenaza latente, es el sobrecogedor hundimiento y acomodamiento de las placas tectónicas, a causa de la inmoderada extracción de agua que no responde a la resiliencia de las recargas naturales del Acuífero del Valle de México; lo anterior, hace posible la ocurrencia de siniestros físicos de imprevisibles consecuencias.

Es de hacer notar que por la sobreexplotación del acuífero, el recurso se obtiene cada vez a mayores profundidades, lo cual pone en duda la calidad del recurso y se acentúa la sedimentación, fenómeno que puede ocasionar hasta la pérdida total del cuerpo de agua, porque al sellarse las filtraciones nunca más podrá recuperarse.

En esta semblanza de daños ambientales de ignominiosa ocurrencia, está la perdida por desforestación de bosques fríos y de selvas tropicales, que es la causa del aniquilamiento de infinidad de especies al destruirse las cadenas tróficas.

Y qué decir de los siniestros mineros, que no obstante la existencia de legislaciones preventivas del riesgo ambiental, incurren en daños ambientales y de contaminación a los cuerpos de agua superficial y subterránea, como fue el caso del reciente derrame de sulfato de cobre en el rio Lerma, mismo que fue calificado como uno de los peores desastres ambientales de la industria minera.

Aunado a lo anterior están las enfermedades hídricas de poblaciones rivereñas que consumen aguas de ríos de dudosa sanidad, las que debieran tener al menos el derecho de saber qué calidad de agua consumen, como una medida de prevención sanitaria para el elemental cuidado de su salud.

Es importante recordar, que actualmente México es un país mayoritariamente de pobres, en donde predominan las carencias en alimentación y agua sana para beber, que hay escasez de vivienda, que falta educación, que es insuficiente la asistencia médica, en resumen, somos una población de más de 122 millones, de los cuales la mitad es pobre o bien,”vive en pobreza extrema”.

No sabría explicar que es la “pobreza extrema”; pero no obstante, sí sé que esta realidad social es un fenómeno de fácil entendimiento, porque se observa en miles y miles de familias urbanas y rurales, las cuales viven en espacios insalubres, faltos de agua potable y en permanente estado de hambre, esto sin duda, es “pobreza extrema”.

La pobreza es en consecuencia, un fenómeno social que se manifiesta como una gran vergüenza social en todos los estados del país, lo cual obliga a evitar sectarismos institucionales y dar paso al establecimiento de soluciones integrales.

Se trata en lo fundamental de aprovechar las sinergias de todos, en los que la CONAGUA que ahora es un “todo”, también sea una parte de ese todo, para lograr la concertación de acciones interinstitucionales en los temas de: “el abasto de agua potable”, “la autosuficiencia alimentaria”, “el impulso al desarrollo agrícola, industrial y turístico”, “el ordenamiento territorial”, “el cuidado y preservación del agua subterránea y superficial”, “la forestación reforestación de selvas y bosques”, y del “cuidado y preservación de las costas y mares y su biodiversidad”; para ello se hace necesario establecer:

“Diez Ejes Rectores de Una Política Hídrico Ambiental como estrategia de gestión integral del recurso hídrico”, como sigue:

UNO.- Detener y corregir el acelerado deterioro ambiental de los ecosistemas hidrológicos-ambientales, causado principalmente por diversos fenómenos como son: “crecientes e irregulares asentamientos humanos; que se presentan en las grandes ciudades urbanas, industriales y turísticas, como el Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara”; así como también, la contaminación a los cuerpos de agua por descargas urbanas e industriales y las deforestaciones que son consecuencia de ampliaciones a los espacios de la agricultura y la ganadería, y el acrecentamiento de la tala clandestina.

DOS.- Llevar a cabo una planeación integral de los cuerpos de agua superficiales y subterráneas y sus ecosistemas relacionados; se pretende en lo principal, la incorporación de la dimensión hídrico-ambiental en la toma de decisiones públicas, con el fin de llevar a cabo, el adecuado establecimiento de las políticas, planes y programas para el fomento a los desarrollos urbanos, industriales o turísticos; así como de la prevención de impactos ambientales negativos a los ecosistemas hidrológicos del país.

TRES.- Establecer los Acuerdos Interinstitucionales, para que los proyectos y actividades del sector público y sector privado, estén en congruencia con las medidas de protección de las “áreas naturales protegidas”, “ordenamiento ecológico”, “planes reguladores urbanos”; lo anterior, en el marco del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas como es la LGEEPA y sus correspondientes reglamentaciones; así como también, favorecer la generación de energía renovable e impulsar la reconversión tecnológica hacia una industria limpia que evite en consecuencia, la contaminación de los cuerpos de agua.

CUATRO.- Lograr una mayor y racional administración del recurso hídrico, a través de llevar a cabo el inventario nacional de los principales cuerpos de agua superficial y subterránea, que evite en lo principal, fenómenos de sobreexplotación y contaminación y se asegure como prioridad, el agua sana para el consumo humano; asimismo, se acentúe la inspección y el control en el aprovechamiento de los mantos freáticos y aguas superficiales, especialmente en zonas áridas y de acuíferos sobreexplotados.

CINCO.- Diseñar los instrumentos de política y regulatorios jurídicos para detener la deforestación de bosques y selvas y en paralelo, llevar a cabo prácticas de forestación y reforestación tanto de selvas tropicales como de bosques fríos, de manera que se promueva y apoyen las medidas de resiliencia ambiental de las cuencas hidrológicas.

SEIS.- Llevar a cabo el diseño de las políticas, planes y programas, para la prevención de siniestros climáticos como: inundaciones de poblaciones localizadas en cauces de ríos o de tierras bajas, las que pudieran ser susceptibles de inundaciones por ríos descontrolados, o siniestros causados por posibles aumentos en el nivel del mar por cambio climático.

SIETE.- Diseñar y llevar a cabo las estrategias interinstitucionales para impulsar las potencialidades y vocaciones productivas regionales, a través de llevar a cabo una política de racionalidad del agua que tenga en cuenta, una mayor disponibilidad de aquellas destinadas a la actividad agrícola, agropecuaria y agroindustrial; así como, la producción de productos básicos de consumo popular para acrecentar la autosuficiencia alimentaria del país.

OCHO.- Llevar a cabo con la Autoridad Institucional de la Salud, programas permanentes para identificar, prevenir y erradicar enfermedades de origen hídrico derivadas de la contaminación de los cuerpos de agua, tanto subterráneos como superficiales y costeros.

NUEVE.- Cuidar que la transportación y trasvases del recurso proveniente de grandes fuentes hidrológicas, se realicen asociadas con medidas de prevención y de menor impacto a los ecosistemas naturales y especialmente, con medidas de nula o menor afectación a las comunidades rivereñas establecidas.

DIEZ.- Asegurar el consumo de agua potable para el consumo humano con tarifas preferenciales; así como también, promover el abasto del recurso hídrico a las actividades productivas, preferentemente, con aguas tratadas que internalicen los costos del tratamiento y distribución para los usos de la agricultura, la industria y el turismo.

Medidas a la Normatividad para la Gestión Integral de las Aguas Nacionales.

UNO.- Para desarrollar un mayor aprovechamiento de esfuerzos interinstitucionales en la gestión integral del recurso agua, la LAN debe especificar que la rectoría del Ejecutivo Federal de la CONAGUA, se delega en la SEMARNAT

DOS.- Para una mayor gestión integral del agua, la CONAGUA será la Dependencia por la que el Gobierno Federal a través de la SEMARNAT, llevará a cabo las políticas de sustentabilidad hídrica.

TRES.- Para una mayor atención a los problemas hidrológicos y ambientales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) deberá ser un Organismo del Gobierno Federal autónomo de la SEMARNAT; con lo que se evita la incongruencia jurídica de que una misma instancia institucional tenga la condición de ser “Juez y Parte”.

CUATRO.- Para una mayor competencia en la calificación y sanción del daño ambiental, la Dirección General de Impacto Ambiental (DGIRA) de SEMARNAT, deberá ser adscrita a la PROFEPA; con lo cual, las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs) que se dicten, proveerán de la información para la prevención del riesgo ambiental y su caso, las medidas de mitigación que deban de  llevarse a cabo para evitar el riesgo en los cuerpos de aguas y al medio ambiente.

CINCO.- Para una mayor precisión en la calificación del daño ambiental, la PROFEPA diseñará la norma jurídica para establecer los criterios de “quien contamina paga”, en lo relativo a la  afectación de los cuerpos de agua, incluyendo los costeros.

En virtud de tratarse de adecuaciones administrativas que están a cargo de la Federación, se considera que estas medidas son de relativa fácil consecución y se enfatiza, en que todas ellas son de fundamental importancia para el logro de una gestión integral para la sustentabilidad de las aguas nacionales y su entorno ambiental.

*Libro fuente: Lugo Salazar Héctor, (2006). “PLANEACIÖN DEL AGUA – Un enfoque social y Sistémico; Agua, un derecho social”; Instituto Politécnico Nacional. México.

 

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