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El Club de Periodistas de México, presenta: Mecanismo para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas

MundodeHoy.com.- El pasado miércoles 3 del presente, en el marco de la celebración del Día de la Libertad de Prensa que se conmemora cada 7 de junio, desde 1951, y ante el pleno del Club de Periodistas de México, la organización civil presentó su proyecto de trabajo y difusión: “Mecanismo para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas”, así mismo se hizo un exhaustivo recuento de las amenazas que ha recibido la Secretaria General de la asociación civil, organización decana de los periodistas en México. 

A continuación el texto integro 

Proyecto de Declaración 

“Pensemos, precavida y precautoriamente, que el México bronco y violento, mal llamado bárbaro, no está en el sepulcro. Únicamente duerme. ¡No lo despertemos!”. Jesús Reyes Heroles

Iniciativa del Club de Periodistas De México, A.C.

El 30 de mayo de 2015, después de cubrir un acto de campaña electoral en Acayucan, Veracruz, una compañera periodista del servicio en red TV Sureste fue secuestrada por un comando armado que perpetró contra la víctima una violación tumultuaria, después de la cual la dejaron viva. El ultraje traumatiza y estigmatiza más que la propia muerte.

El pasado 2 de junio de 2015, en Valle de Chalco, Estado de México, el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la diputación federal Miguel Ángel Luna, fue asesinado a tiros por un comando armado que tomó por asalto su casa de campaña. El gobernador del estado, Eruviel Ávila declaró que se trata de un acto aislado.

Celeste Sáenz de Miera. Foto.-Erasmo Calderón 

La muerte tiene permiso

Las estadísticas del terror:

Gráficas del Mapa de Agresiones a Periodistas, elaborado por el Centro Internacional para Periodistas en Riesgo  y Freedom House México, computan -de diciembre de 2012 a marzo de 2015- 270 agresiones a comunicadores, incluyendo 40 casos de detenciones arbitrarias y 25 de tortura.

El pasado 19 de mayo, en presentación ante la comunidad de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis González Pérez, en su ponencia Los Derechos Humanos y el Periodismo, reportó que, de 2000 a la fecha, se han ejecutado 100 asesinatos de colegas. Desde 2005 han desaparecido 21 y se han consumado 45 atentados contra instalaciones de medios de comunicación.

En su área de acción, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal consigna 47 quejas por agresiones a periodistas; en 33 se concluyeron investigaciones y 14 están en trámite. No se informa de consignaciones a juez ni de sentencia alguna contra presuntos implicados.

El presidente de la CNDH, González Pérez remató su ponencia con una conclusión sumaria, preñada de impotencia: La incidencia criminal contra el Derecho a la Información y la Libertad de Expresión tiene como incitación La impunidad.

Diversas instituciones nacionales e internacionales que observan el ejercicio periodístico en México han denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que en los atentados contra los periodistas mexicanos es visible la autoría intelectual y material de agentes del Estado y de los poderes fácticos.

El 29 de mayo de 2015, el diario Reforma publicó una recapitulación de los últimos meses de campañas electorales en México, impactadas por 70 hechos violentos -amenazas, levantones y ejecuciones- con un saldo de 19 asesinatos de políticos de diversos partidos entre candidatos, dirigentes partidistas y coordinadores de campaña.

El gobernador del estado de México, Eruviel Ávila desestima esa incesante racha de crímenes políticos como hechos aislados.

La Ley de la jungla

Desde que, en 2006, el Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa declaró unilateralmente -sin invocar el Estado de Excepción que prescribe el artículo 29 de la Constitución y sin consulta al Congreso de la Unión- la guerra contra el crimen organizado, en México se han registrado más de 160 mil ejecuciones, en las que se incluyen “daños colaterales” contra víctimas inocentes; más de 25 mil desapariciones y el desplazamiento de cientos de miles de familias, muchas de ellas al extranjero. Al destierro, pues.

Instancias locales e internacionales aplicadas a la protección y defensa de los Derechos Humanos, entre los que están órganos de la ONU, han evaluado la situación de criminalidad e ingobernabilidad que vive México en la que se retroalimentan la delincuencia organizada y elementos de los aparatos de seguridad imputados de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, etcétera y, en aquellos casos en que el Estado mexicano es parte en tratados y convenciones internacionales se han emitido recomendaciones sancionadoras y reparadoras.

Jefes de las Fuerzas Armadas mexicanas incluso, cada vez con más frecuencia, reconocen que el Estado ha perdido el control de territorios en los que han impuesto su macabra ley las bandas del crimen organizado. Plata o plomo, es el principio de la Carta Magna de la Barbarie.

A contrapelo de esa monstruosa realidad, portavoces del Gobierno de la República porfían en rechazar críticas y recomendaciones bajo el inane argumento de que las fuentes emisoras de esas llamadas de atención actúan desinformadas o con información sesgada, deficiente o insuficiente.  

Representaciones de la comunidad empresarial nacional y de inversionistas extranjeros aducen que la inseguridad incide en los sectores productivos, afectan la productividad y la competitividad e inhiben nuevos proyectos de inversión.

Los medios de comunicación extranjeros, que hace apenas unos meses anunciaban y celebraban el mexican moment que acompañaría el éxito legislativo de las nuevas reformas estructurales, ahora hacen mofa no sólo del gobierno sino de la sociedad mexicana en su conjunto, por la incapacidad para operar la gestión instrumental de las nuevas herramientas constitucionales concebidas fundamentalmente, con la estrategia de Seguridad Nacional, para brindar seguridad jurídica y física a la propiedad privada.

Roto el tejido social por una guerra que suma ya casi diez años de orfandad, luto y desolación, y que le ha merecido al de  México la codificación de Estado fallido, el propio gobierno admite que, en la debacle moral y sicológica, han naufragado la esperanza y la confianza en las instituciones.

Las raíces del mal

Están por cumplirse -después de una juiciosa y profunda reflexión sobre las secuelas que dejó en el sistema político y la sociedad toda la fatídica experiencia de 1968-, cuatro décadas de que se impulsó la Reforma Política para darle un sentido civilizatorio a la lucha de los contrarios, iniciativa que abarcó desde la Amnistía hasta la institucionalización de aquellas fuerzas que habían optado por la lucha armada.

La incorporación de las minorías políticas al combate institucional para quebrar la Ley del hierro de la oligarquía, se inspiró en el saludable razonamiento siguiente: “Asentada la sociedad, al través de sus peculiares vínculos, en las instituciones, se obtiene que la existencia de más sociedad no se traduzca en menos Estado.

“Estado y sociedad, conectados estrecha e institucionalmente, se dan sustento y es posible conseguir más y mejor sociedad y más y mejor Estado. Es la pluralidad social en la unidad del Estado. El Estado resulta así la sociedad en movimiento que, lejos de excluir, incorpora e integra”. (Jesús Reyes Heroles).

El autor de ese fino y prudente pensamiento, Reyes Heroles, advirtió también: “Pensemos, precavida y precautoriamente, que el México bronco y violento, mal llamado bárbaro, no está en el sepulcro. Únicamente duerme. ¡No lo despertemos!”.

Voz que nadie oyó: Doctrinas extralógicas, como es el neoliberalismo, se importaron con la coartada de llevar a México a jugar a “las grandes ligas”. El humanismo social que caracterizó a la vieja clase política fue devastado en nombre de un individualismo cerril y cleptómano.

De ese deliberado despropósito ideológico, maquinado con las tres agravantes,  120 millones de compatriotas están pagando las atroces consecuencias. 

El Estado de bienestar, satanizado como “populista”, fue demolido piedra por piedra. Quedó el Estado liberal policiaco que, como tal, restituyó los crímenes de Estado para asegurar su depredadora supervivencia.

La lógica sicológica implica que, si la impunidad es el caldo de cultivo de la criminalidad, ahí donde el empoderado criminal de Estado pasa impunemente sobre el Derecho de gentes, las gentes del llano se sienten autorizadas a reproducir las conductas transgresoras: México ha devenido lucha campal de todos contra todos.

El mural mexicano está impregnado ahora por el desenfrenado,  grotesco y criminal  espectáculo que ofrecen las campañas electorales de diez partidos nacionales cuya presencia fue auspiciada por la Gran Reforma Política de 1977-1978 y validada por sucesivas reformas electoreras que han convertido la lucha de los contrarios en mera lucha por el botín dinerario.

No hay confianza -se reconoce- en las instituciones públicas. No la hay, porque éstas han sido degradadas y depravadas por aquellos a los que el presupuesto público paga por su custodia y sano desarrollo. Todo, en nombre del Estado, bajo cuya tutela constitucional está la función electoral, violentada ahora por la tentación de restablecer el voto del miedo.

Soluciones, no salidas

El 7 de junio, más de 82 millones de mexicanos han sido convocados a participar en la formación de los poderes públicos en el ámbito federal, que comprende la institución de la LXIII Legislatura, y concurrentes para el cambio de nueve gobernaciones de los estados, congresos locales y cientos de gobiernos municipales.

Es un proceso sin precedente en la historia política de México. Oportunidad sin par para restaurar la confianza en las instituciones. Lamentablemente, el sombrío paisaje electoral, más que de estímulo, es de suspicacia, de escepticismo, de sospecha.

El 7 de junio, en nuestro ámbito, sería para celebrar el Día de la Libertad de Prensa. Dicho con más propiedad, de la Libertad de Expresión. No está el ambiente, el clima público, para celebraciones, cuando el balance trascrito convoca, más que a otra cosa, al funeral.

Somos, como Club de Periodistas de México, una asociación civil, representativa de la comunidad periodística mexicana y en relativo grado de la internacional. Sin ánimo de hacer leña de nuestra deforestada democracia, militamos en el compromiso de proponer soluciones, no salidas al grave problema de deterioro y atrofia de los derechos políticos y las libertades civiles.

Como asociación civil, repetimos, y erosionada la confianza en los partidos políticos y en los órganos electorales, pensamos que la iniciativa de salvación nacional está en las organizaciones no gubernamentales. 

A estas instituciones, a su lucidez y valentía apelamos e invitamos a solidarizarse con estas reflexiones que, tanto como denuncia, son un llamado a la conciencia para frenar el salto al abismo al que nos inducen los detentadores del poder público. 

El México bronco fue despertado. Está en el poder. Regresémoslo a las catacumbas, de donde nunca debió ser exhumado. Hagamos de nuestras preocupaciones una declaración de principios y un plan de acción.    

 

 

 

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