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Agua para todos

Por: M. en C. Héctor Lugo Salazar 

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MundodeHoy.com.–  “Agua para todos a través de la gestión integral del recurso hídrico y la protección del medio ambiente”.


Parábola de bienvenida:

Sea Usted bienvenido Padre Francisco, que gusto de recibirle a Usted.

Sepa que esta casa también es parte de esa “Casa Común” que Usted en su encíclica Laudato Sí, pide que cuidemos.

Aquí también como aquel Samarita, le recibimos entusiastas; pero habrá de disculpar que ahora la casa esté desordenada; antes esto no era así, aquí había un pozo y un jardín con flores y ¡allá! árboles siempre prodigando frutos.

Del pozo ya solo queda ese hoyo con lodo negro y agrietado, el agua se la llevaron y nadie sabe cómo ni quién.

Pero mire Padre Francisco, que gusto de recibirle a Usted.


Agua para todos

Esto es posible a través de la gestión integral del recurso hídrico y la protección del medio ambiente.

En México se atraviesa por una situación socialmente inestable, debido en parte, a que la Autoridad Gubernamental no ha visualizado cabalmente, que su gestión pública debe darse a través del aprovechamiento de las sinergias interinstitucionales para dar solución a la problemática hídrico-ambiental; en virtud de que este fenómeno, es en gran medida la causa de la creciente pobreza para más de la mitad de la población urbana y rural del país.


En este propósito, se presenta una propuesta de acciones estratégicas para impulsar con criterios de sustentabilidad ambiental, el crecimiento y desarrollo de las potencialidades regionales del país; a través de resolver la problemática del recurso agua que se destina al consumo humano, y la que se entrega a los usos de la agricultura, la industria, el turismo y en paralelo, corregir graves problemas endémicos de la hidráulica nacional, como son la sobreexplotación y contaminación de los cuerpos de agua continentales y costeros en las cuencas hidrológicas del país.


Esta estrategia requiere de la vinculación interinstitucional, para que se involucren e interactúen interdisciplinariamente y atiendan en el ámbito de su respectiva competencia, la administración, el cuidado y la preservación de los cuerpos de agua en su entorno ambiental, y promuevan la actividad económica interna a través del desarrollo de las potencialidades regionales.

Se trata en lo fundamental, de llevar a cabo una nueva administración de gestión pública que se corresponsabilice con el medio ambiente y que sea coincidente con el mensaje ético y moral que se advierte en la Encíclica: “Laudato Sí, del Papa Francisco, sobre el Cuidado de la Casa Común” nuestra Tierra.

Pues bien, en este magno propósito solo habría que advertir, que en México la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), cuenta con una muy calificada Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en la cual es posible apoyar la viabilidad de las políticas ambientales que requiere el país.


Por ello, no se hace necesario ¡en lo absoluto! elaborar una nueva Ley de Aguas Nacionales (LAN); no obstante ¡si se requiere! de algunas adecuaciones de orden jurídico y administrativo, para impulsar una política pública más participativa en su corresponsabilidad interinstitucional; lo cual es sumamente importante para lograr en los hechos, la sustentabilidad de las cuencas hidrológicas del país.

Miren Ustedes, actualmente el bien agua tiene el reconocimiento del Estado Mexicano, de ser un recurso estratégico para el desarrollo social y de las actividades productivas del país; es por ello, que la progresiva escasez del recurso hace cada vez más crítica y violenta su exigencia.

Pues bien, este recurso de fundamental importancia a la Nación es regulada por una Dependencia denominada Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la cual no obstante estar asignada a la SEMARNAT, su Titular lo designa directamente el Ejecutivo Federal, porque así se establece en la LAN.

Lo anterior permite al Titular de la CONAGUA, una amplia discrecionalidad en su administración; ya que en obviedad del sentido común, es más relevante y significativo, reportar al Ejecutivo Federal que a un Secretario de Estado.

Por ello se considera la conveniencia de evitar la liberalidad en la gestión de un recurso como el agua, el cual requiere ser administrado con acciones interdisciplinarias e interinstitucionales emanadas en el más alto nivel gubernamental.

Miren Ustedes, es evidente que la SEMARNAT y las demás Secretarias del Gobierno Federal representan en su conjunto, (esto es, en la sinergía de todas ellas), el principal instrumento del Ejecutivo Federal para lograr la resiliencia de los ecosistemas ambientales del país, lo cual será imposible de lograr sin la CONAGUA, porque el recurso hídrico vincula a todos los factores productivos.

Se trata en lo principal, de impulsar un esfuerzo nacional que permita construir las estrategias de un desarrollo coincidente con el paradigma mundial que pregona el Papa Francisco en su “Encíclica Laudato Sí”, sobre el cuidado ambiental de “Nuestra Casa Común”.

En este contexto, la incompleta visión que tiene CONAGUA en la administración de las aguas nacionales, le impide llevar a cabo una adecuada gestión para abastecer el agua potable que demanda el consumo humano; así como, de proveer el volumen suficiente que le demande la agricultura, la industria y el turismo, e incorporarse, a la política pública de SEMARNAT, para llevar a cabo la prevención y restauración en su caso, del daño ambiental a los ecosistemas por causas de deforestación y todavía más grave, por la actual sobreexplotación y contaminación de prácticamente  todos los cuerpos de agua superficiales, subterráneos y costeros del país.

Este desalentador paradigma se ve aún más inquietante, en virtud de que la asignación presupuestal que tiene CONAGUA es muy superior al que se le asigna a la SEMARNAT, lo cual le permite actuar  con relativa autosuficiencia financiera y liberalidad, para decidir sobre los proyectos hidráulicos que le son de su interés desarrollar.

Miren Ustedes, pareciera que el relato del escritor Gabriel García Márquez, en su “Crónica de una muerte anunciada”, nos advirtiera que vamos hacia una peligrosa carencia agua, porque no acabamos de entender, que irremediablemente se está agotando nuestro recurso hídrico y la Dependencia CONAGUA, no percibe que este recurso demanda de una gestión integral en su administración.

Vean Ustedes porqué, de acuerdo con la CONAGUA, en 1955 se tenía una disponibilidad de agua de 11,500 m3, volumen que se consideraba alto y 44 años después en 1999, el registro bajo a 4,999 m3; esto es, no se alcanzó el nivel de medio, el cual está en el rango de 5,000 a 10,000. En pocas palabras, estamos en una creciente escasez del recurso y la autoridad del agua no advierte que el tiempo ya se agotó y no hay una propuesta clara de solución.

Agua para todos

En esta prospectiva crítica, el que la CONAGUA no se vincule interinstitucionalmente, obstaculiza la transversalidad de las políticas hídricas, con las correspondientes que pudieran  tener otras instancias federales para lograr estrategias de abasto en los temas de “agua potable al consumo humano”; así como, las que pudiesen impulsar las actividades productivas generadoras de “empleo regional” o “sectorial”, como es: la agricultura, la industria y el turismo; lo cual provoca en consecuencia, que nuestra pobreza se haga más creciente y estructural.

Pero ¿por qué una gestión integral de las aguas nacionales? porque reitero, el agua es un recurso estratégico para lograr el desarrollo social y económico de la Nación y porque además, es un recurso vital a toda forma de vida; por ello, el Estado no puede renunciar a su cuidado y administración, ya que el agua es de todos, pero lo es de más inmediatez, de aquellos que tienen sed y la demandan como un derecho humano; por estas razones, es necesario que las aguas nacionales se administren bajo los siguientes tres principios1:

  • “El agua pertenece a la Nación y su administración corresponde al Estado”.
  • “El agua es la vida de los ecosistemas y es responsabilidad del Estado preservarla así”.
  • “El agua es vital, por lo que su destino al consumo humano es prioritario y debe ser garantizado”.

Son tres criterios que pueden revertir el desalentador panorama ambiental y del agua, que en el pasado reciente se hizo cada vez más y más crítico, con el político JOSÉ LUIS LUEGE TAMARGO, quien fungiera como titular de la SEMARNAT y después, como titular de la CONAGUA; doce años en que los problemas hídrico-ambientales se acentuaron hasta alcanzar en el país, un entorno ambiental altamente degradado.

En esa Gestión Administrativa prevaleció una actitud de indiferencia o indolencia, a causa de que no se entendió o no se quiso aceptar, que los problemas ambientales obedecen a “Sistemas Complejos”, en los que su comprensión debe involucrar el espacio físico biológico, interrelacionado con la población, la economía y el medio ambiente.

Las actuales circunstancias ambientales hacen ineludible, el inicio de una gestión integral que visualice con mayor responsabilidad, que el tema de la hídrica nacional y ambiental deban de llevarse a cabo con la participación de todas las Autoridades de Gobierno involucrados y en dónde; los “proyectos emblemáticos” de gran inversión  sean consensuados con la sociedad; sobre todo, cuando se trate de inversiones multimillonarias que pudieran afectar el interés de grandes núcleos poblacionales. 

En este tenor y por citar algunos “ejemplos de relativo dudoso éxito”, en agosto de 2010, la CONAGUA anunciaba que un proyecto estratégico en el tema hídrico, era la Planta de Tratamiento de Atotonilco en el Estado de Hidalgo, para tratar las aguas residuales (23 m3/seg.) provenientes del Túnel Emisor Oriente (TEO) y destinarlas a la agricultura en el Estado de Hidalgo; para lo cual, se dispondría de una inversión de $10,022 millones de pesos.


Pero ¿qué tan buena y estratégica es esta inversión que le quita nutrientes al agua y en consecuencia, se obtiene una menor productividad en las cosechas? razón por la cual los agricultores las prefieren crudas (sin tratar) y porque además, en el proceso de tratamiento de estas aguas se incurre en un “costo”, el cual naturalmente debe adicionarse al costo de los cultivos; así que de no pagarse por los “beneficiarios” (léase, agricultores del estado de Hidalgo), tendrá que ser sufragado con recursos públicos. 

Como se puede observar, esta inversión prescindió del simple pragmatismo del sentido común y de opiniones técnicas y competentes de las instituciones involucradas, que permitiera contar con nuevas y más lógicas opciones, como podría haber sido entre otras muchas, la selección de plantas más pequeñas, con trenes de tratamiento más específicos y especializados en la obtención de diversas calidades de agua para diversos reúsos, favoreciendo así, la relocalización de nuevos espacios industriales (parques industriales) y con ello, la liberación de agua sana (potable) para destinarla al consumo humano.

Por cuanto al impacto en los pasivos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), se está en la gestión de incrementar la deuda pública con 10,000 millones de pesos; debido a que los especialistas del agua y saneamiento del Banco Mundial (BM), están promoviendo este financiamiento para lograr la sustentabilidad del recurso hídrico en la Ciudad de México.

Lo anterior, naturalmente es un sueño y por cierto muy costoso, en virtud de que la sustentabilidad del recurso hídrico para la Ciudad de México es imposible de lograr; sencillamente, porque la sustentabilidad del agua solo es posible de alcanzar en el ámbito de la “cuenca hidrológica” y no en un “espacio geopolítico” (entendido, como una división geográfica de los Estados).

Por ello, a estos funcionarios que están a cargo de este magno proyecto, hay que recordarles que la Ciudad de México forma parte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y ésta a su vez, está contenida en la Cuenca Hidrológica del Valle de México. Por tanto, es con esta visión regional que deben de diseñarse las acciones hidrológicas y ambientales para lograr la sustentabilidad del recurso agua en la Ciudad de México y en la Zona Metropolitana.


Pero además, nuestra ingeniería hidráulica y civil es muy competente, ¿por qué no hacer estos proyectos con nuestra experiencia y técnica mexicana?, ¿porqué más deuda en dólares? si podemos hacerla con pesos e ingenieros mexicanos.

En cuanto a otra obra hidráulica emblemática, en México se han llevado a cabo grandes proyectos hidráulicos como fue la construcción de grandes presas y actualmente, obras como el Túnel Emisor Oriente (14,538 millones de pesos), que fue llevada a cabo con fondos del “Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago, Saneamiento del Valle de México No 1928”;  y con el apoyo financiero del Fideicomiso 2904 denominado: “Fideicomiso para el Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México”.

Cabría preguntarse, si por  la relevancia de las inversiones y con el fin de una mayor explicación de los proyectos de “Saneamiento” e “Impacto Ambiental” arriba citados, es conveniente que se pudieran conocer de los citados fideicomisos, sus “Reglas de Operación; así como,  la memoria técnica e histórica, del seguimiento de su puesta en marcha y operación, con el fin de que se preserve y difunda esta experiencia para nuevos proyectos en otras entidades.


Asimismo y con el propósito de evitar la discrecionalidad en el manejo de recursos públicos, “es recomendable” que  las inversiones de los proyectos que se lleven a cabo a través de estos “Fideicomisos”, cuenten con los estudios de factibilidad económica y social; así como también, de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs) que les correspondan, para que al término del horizonte del proyecto, verdaderamente se lleven a cabo los planes de manejo para la restauración de las áreas que hayan sido afectadas; con especial atención, en lo que se refiere a las “presas”, “explotaciones mineras” , “petroleras”, “desarrollos turísticos” e “infraestructura portuaria y carretera”

En relación a lo anterior y con el propósito de una mayor transparencia de la información, conocer de la justificación de porqué es necesaria la creación de estos “Fideicomisos” en la inversión de los grandes proyectos de la hidráulica nacional; y de igual manera, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR).

Se trata en lo principal, de lograr una prevención al irreversible deterioro ambiental que se dio por ejemplo, al manglar de Tajamar en Cancún, Quintana Roo,  para construir un desarrollo turístico a través del FONATUR, que es un fideicomiso que se encuentra bajo la coordinación sectorial de la Secretaria de Turismo (ST).

En esta perspectiva, el siniestro ambiental de Tajamar es tan solo la punta del iceberg, ya que son miles los proyectos que se han autorizado para transformarlos en desarrollos, inmobiliarios, hoteleros y turísticos. 


Miren Ustedes, durante la titularidad como Secretario de la SEMARNAT, el ING. JUAN ELVIRA QUESADA; en la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), se coordinó la evaluación y expedición de más de 3,800 resoluciones de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs), para la realización de diversos proyectos de inversión, en lo relativo a cambios de uso de suelo forestal, petroleros, turísticos, confinamiento de residuos peligrosos, mineros, entre otros giros; cabría preguntarse, si todos estos proyectos  fueron respetuosos de las áreas naturales protegidas.

En esta perspectiva y de acuerdo a una investigación de la PROFEPA publicado bajo el título “México Protege sus Manglares”, se detectaron “focos rojos” en los siguientes Estados:

En Nayarit, por construcciones en granjas acuícolas.

En Campeche, por asentamientos irregulares, rellenos, tala y cambio por uso del suelo en ecosistemas de manglares.

En Quintana Roo, por rellenos y cambio de uso de suelo.

En Yucatán, por asentamientos irregulares, rellenos, incendios forestales y cambio de uso de suelo.


Cabe decir, que las instituciones que participaron en esta investigación fueron: SEMARNAT, PGR, CONABIO y CONANP. Esta última es de especial mención, porque tiene la relevante función de ser garante ambiental en el respeto y cumplimiento de la Convención de Ramsar, a la cual México está inscrito para dar protección a los humedales del país.

No obstante lo anterior, el tema de los humedales en México puede con voluntad política, avanzar hacia una solución positiva; miren ustedes, es la CONAGUA quien conjuntamente con el Instituto de Biología de la UNAM, tienen el “Catálogo de la flora y vegetación de los humedales mexicanos”, para definir las áreas de los ecosistemas de los humedales y ya están identificados 6,631; mismos  que representan 10 millones de hectáreas y significan más del 5% del territorio mexicano. Como ven ustedes, somos poseedores de un grandioso paisaje ambiental, el cual debe ser un patrimonio de México y para la humanidad.

Pues bien, en esta resumida semblanza sobre la diversidad de la problemática hídrica desatendida en el país, habrá que agregar otros siniestros ambientales; miren Ustedes, el fenómeno de la “intrusión salina” ocasionada por la sobreexplotación de las aguas subterráneas costeras, fue causa de la pérdida de enormes extensiones de tierra laborable, en el llamado “Granero de México”, en la zona costera ubicada en el Noroeste del país, en donde se afectaron grandes espacios de cultivo de riego que ahora son prácticamente imposibles de recuperar para la agricultura.


En el fenómeno de la sobreexplotación de mantos acuíferos, creo que el mejor ejemplo, es el agotamiento del acuífero en la Cuenca Hidrológica del Valle de México (CHVM); huelga decir, que este fenómeno debe ser atendido con criterios interinstitucionales e interdisciplinarios; miren ustedes  porqué, en esta cuenca se encuentra la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), la cual se conforma por 16 delegaciones y 60 municipios conurbados del Estado de México e Hidalgo, todo lo anterior representa una población de más de 22 millones de habitantes (una quinta porción de la población total del país). Se trata por tanto, de una desmesurada megalópolis obligada a interrelacionar la gestión hídrico-ambiental con los Estados involucrados. Este será sin duda, un tema que debe incluir el Legislador en la Constitución de la Ciudad de México.

Vean Ustedes porqué, cada vez es más frecuente el  desabasto de agua en zonas muy específicas de esta gran megalópolis; tal es el caso de Iztapalapa, que es la Delegación más poblada con 1 millón 820 mil habitantes y es también, la de mayor en población en los 2,454 municipios del país, y como se localiza una gran parte de ella, a una altura de más de 2,240 MSNM, se dificulta la proveeduría de agua potable y la escasez se hace todavía más crítica.

Esta Delegación se surte de agua del Sistema Cutzamala y también por tandeo (esto es, distribución de agua a través de pipas). Actualmente hay pozos fuera de servicio por sobreexplotación como es el pozo denominado Sifón, que surtía 70 litros por segundo y se redujo a 20. Problemas como este, sin duda acrecientan el friccionamiento social; lo cual obliga a la Autoridad, a encontrar soluciones al abasto de agua potable a la brevedad posible.

En lo personal, soy de la opinión, que la sociedad debe conocer de sus problemas y de los esfuerzos que hace la Autoridad para resolverlos.

En la otra cara de la moneda, se encuentra el mercado de agua embotellada que encabezan las empresas norteamericanas Coca-Cola y Pepsi-Cola y las danesas Nestlé y Danone; las que de acuerdo con un estudio prospectivo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en 2019 la venta de agua embotellada en México podría generar ganancias (naturalmente, en el mercado de los que sí tienen para pagar agua embotellada) por más de 9 mil millones de dólares.

Por cuanto a la contingencia de siniestros ambientales que padecemos, está tan bien la amenaza latente de un sobrecogedor hundimiento y acomodamiento de las placas tectónicas, a causa de la inmoderada extracción de agua que no responde a la resiliencia de las recargas naturales del Acuífero del Valle de México; lo anterior, hace posible la ocurrencia de siniestros físicos por acomodamiento de placas tectónica de imprevisibles consecuencias.

Es de hacer notar también que por la sobreexplotación del Acuífero, el recurso se obtiene cada vez a mayores profundidades, lo cual pone en duda la calidad del recurso agua y con ello, también se acentúa la sedimentación de placas tectónicas; fenómeno que puede ocasionar hasta la pérdida total de los pozos sobreexplotados de la Cuenca, debido a que al sellarse las filtraciones, los escurrimientos al manto se obstaculizan y el daño es irreversible; esto es, una pérdida para siempre. ¿A quién hay que decirle? ¿en dónde está la Autoridad que haga la previsión correspondiente? Para que con responsabilidad proponga soluciones a este grave problema.

En esta semblanza de abusos ambientales está la perdida por desforestación de bosques fríos y de selvas tropicales, que es la causa del aniquilamiento de infinidad de especies, debido a que se destruyen las cadenas tróficas.

Con especial mención de alarma están los siniestros mineros, que no obstante la existencia de legislaciones preventivas del riesgo ambiental, no se respetan y se incurre en daños a personas y al medio ambiente, como ha sido el caso entre otros, del reciente derrame de sulfato de cobre en el rio Lerma, mismo que fue calificado por la Autoridad  del agua, como uno de los peores desastres ambientales de la industria minera y que han afectado a la población ribereña.

Pero es que acaso a la CONAGUA pareciera no interesarle el emplear el instrumental institucional para resolver la problemática hídrico-ambiental del país, pues no es acaso, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), quien debiera de opinar con más amplitud y rigor técnico la problemática de las aguas nacionales.

Mire Usted por ejemplo, la CONAGUA actualmente está trabajando con la compañía israelí MEKOROT en el rescate de la Cuenca del Río Lerma, y cabría preguntarse, hasta donde llega la incompetencia de CONAGUA para cumplir con sus obligaciones de “cuidar las aguas nacionales”; qué tipo de apoyos técnicos tiene esta empresa que el IMTA no los pueda proporcionar y que costos tienen para nuestro país y en su caso, se están respetando los procedimientos de licitación de las leyes mexicanas para escoger de entre los mejores investigadores institucionales de México y del mundo, para atender los problemas que se quieren resolver.

Es conveniente mencionar, que esta empresa Mekorot proviene de un país que ha logrado exitosas prácticas en el uso eficiente del agua en la agricultura; pero estamos en el tema del rescate y saneamiento de un gran cuerpo de agua como es Río Lerma-Chapala-Santiago, que requiere de una perspectiva jurídica, ambiental, social y económica que solo el Estado Mexicano puede lograr con la gestión interdisciplinaria de sus instituciones) y ¿por qué no? también de las del extranjero.

Ejemplifico lo anterior, en el marco de la Comunidad Europea (CE), la Comisión Internacional por la Protección del Río (CIPR), cuida la sustentabilidad del Río Rin en su cuenca hidrológica que recorre Suiza, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Liechtenstein, Bélgica e Italia y lo hace, en el marco de las “Directivas” de carácter supranacional de la Comunidad Europea.

En este planteamiento, creo que nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tendría un gran acierto, en gestionar un acercamiento de apoyo interinstitucional internacional con este tipo de organizaciones, para iniciar en los hechos, una verdadera atención y solución a muchos problemas endémico que tienen todas las cuencas hidrológicas del país; dando así, paso a nuevas y modernas formas de cooperación en la atención de problemas globales, como es el tema agua-ambiente.


Será por este tipo de ejemplos, pensar que ya es el momento de que la Autoridad Federal pueda incorporar a la CONAGUA en las políticas ambientales de la SEMARNAT, con el fin último de cuidar y preservar este vital recurso en favor de las generaciones futuras; o habrá que esperar, a que esta Dependencia siga acrecentando su discrecionalidad institucional, en la administración del recurso que tiene el más alto contenido social para el país ¡el agua!

Asimismo cabría preguntarse, porque no tratar de conocer y replicar experiencias exitosas como las tenidas por la Comunidad Económica Europea en el cuidado de sus ríos, posiblemente hasta nos saldría gratis. Pero y qué ganaría CONAGUA, “nada”, porque esta importante misión tendría que llevarse por cauces institucionales distintos y más relevantes de los que tiene la Dependencia CONAGUA. Pero, y que ganaría México, “mucho”, avanzaríamos hacia una mayor congruencia institucional para cuidar y preservar nuestros recursos naturales con criterios de verdadera sustentabilidad.

Pero prosigamos, en esta persistente tendencia de incurrir en la provocación de mega siniestros ambientales, que son causa de afectaciones al medioambiente y a la sociedad en su conjunto, como es el de estar extrayendo petróleo atrapado en las ramificaciones y fisuras del subsuelo, con la aplicación de la tecnología del “Fracking” (fracturación hidráulica).

El Francking no es más que una técnica para la perforación de pozos cuya áreas de afectación puede alcanzar distancias kilométricas (microrregiones que se delimitan geográficamente por el potencial del hidrocarburo), en los que se fractura la roca con inyecciones de mezcla de agua, arena y diversas sustancias químicas, las cuales se aplican con altísima presión, lo cual fuerza la salida del hidrocarburo que se encuentra en las ranuras y cavidades, modificando, alterando y destruyendo en diferentes niveles de afectación el entorno ambiental.

Esta amoral práctica queda expuesta con mayor amplitud, por la “Alianza Mexicana contra el Francking”, quien expone que en nuestro país se han realizado más de 900 perforaciones (Coahuila 47, Nuevo León 182, Puebla 233, Tabasco 13, Tamaulipas 100, Veracruz 349), por lo que las poblaciones lugareñas asentadas en esas zonas, están propensas a verse afectadas por diversos fenómenos, como es la probabilidad de padecer cáncer, debido a que esta práctica de explotación contamina las fuentes de agua con sustancias de alta toxicidad utilizados, como el metanol, benceno, tolueno, metilbenceno y xileno; así como también, de metales pesados e hidrocarburos.


Ejemplos como el anterior, deben conjuntarse con la problemática de las enfermedades hídricas de todas aquellas poblaciones rivereñas que consumen aguas de ríos de dudosa sanidad. Estas localidades debieran estar informados sobre la calidad de agua que consumen, como una medida de auto prevención para la salud de estos miles de mexicanos que no pueden potabilizar el agua. En este tema es relevante la participación de la Secretaría de Salud (SS).

Esta siniestra imagen de oprobio ambiental, se encuentra ejemplificada con lo que pasa en el Río Lerma-Chapala-Santiago, que es el segundo gran rio del país que nace en Almoloya del Río en el Estado de México y atraviesa los estados de Querétaro, Guanajuato, Michoacán, hasta desembocar en el Lago de Chapala en Jalisco, el cual se ha convertido tal vez, en “el canal de desagüe natural más grande del Mundo”; debido principalmente, a las emisiones de aguas residuales provenientes de industrias del sector manufacturero, de entre las cuales paradójicamente, “muchas” cuentan con “certificados de industria limpia”.


En esta perspectiva, la CONAGUA con su versión parcial, estaría nuevamente aplazando soluciones integrales para atender la problemática de este gran río y con ello, también se estarían erogando caprichosamente recursos en investigaciones que desprecian y minimizan la experiencia e importancia de nuestras instituciones, como es el caso del Instituto Nacional de Ecología (INE) y otras de carácter académico como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre otras.

Es importante recordar, que actualmente México es un país conformado mayoritariamente de pobres, en donde predominan las carencias en alimentación y agua sana para beber, que hay escasez de vivienda, que falta educación, que es insuficiente la asistencia médica; en resumen, somos una población de más de 122 millones, de los cuales la mitad es pobre o bien, vive en pobreza extrema.

No sabría explicar que es la “pobreza extrema”; pero no obstante, sí sé que esta realidad social es un fenómeno de fácil entendimiento, porque se observa en miles y miles de familias urbanas y rurales, las cuales viven en espacios insalubres, faltos de agua potable y en permanente estado de hambre; en estas familias, sí estoy cierto que viven en pobreza extrema.

La pobreza es en consecuencia, un fenómeno social que se manifiesta como una gran vergüenza social en todos los Estados del país, lo cual obliga a evitar sectarismos institucionales y dar paso al establecimiento de soluciones integrales. Debemos aceptar incuestionablemente, que la pobreza está arraigada en las zonas urbanas como rurales y que la solución no puede darse con “prácticas de caridad”, entregando en el mejor de los casos: canchas de basquetbol, despensas, pisos de cemento,  láminas de cartón, cobijas, camisetas, gorras, mochilas y despensas. 

Miren ustedes, la pobreza de la postguerra en países altamente afectados como: Inglaterra, Alemania, Rusia, Francia, Japón, Polonia; se recuperaron reestructurando sus economías internas, fortaleciendo sus redes de comunicación carreteros, ferroviarios y portuarios; acrecentando el conocimiento de su capital humano, en las ciencias tecnológicas de la producción agrícola y agroindustrial; impulsando también, las vocaciones productivas locales, en un marco de respeto a la resiliencia de los ecosistemas ambientales.

Pero ¿Cómo? a todo lo anterior; ¡otra vez! aprovechando las sinergias interdisciplinarias e interinstitucionales y en este propósito, la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), debe asumir una actitud más protagónica (por el bien común del país), para conjuntar las voluntades políticas del Gobierno Federal y la de los Estados, en torno al propósito nacional de promover el desarrollo económico con justicia social, para combatir verdaderamente “la pobreza del país”.

Se trata en lo fundamental, de aprovechar las sinergias de todas las Secretarias y Dependencias del Gobierno Federal en propósitos comunes al desarrollo económico y social del país. Por ello, el actual sectarismo de la Dependencia CONAGUA, no es compatible con ninguna práctica viable de desarrollo.

El país demanda congruencia institucional, para qué SEMARNAT, SEDESOL y Secretarias involucradas, se conjunte en el esfuerzo de lograr la concertación de acciones interinstitucionales en los temas de: “el abasto de agua potable”, “la autosuficiencia alimentaria”, “el impulso al desarrollo agrícola, industrial y turístico”, “el ordenamiento territorial”, “el cuidado y preservación del agua subterránea y superficial”, “la forestación y reforestación de selvas y bosques”, y del “cuidado y preservación de las costas y mares y su biodiversidad”.


En estos grandes propósitos, es importante el establecimiento de líneas de acción, que solo el interés institucional en su más alto nivel le es posible llevar a cabo, y para ello se proponen:

“Diez Ejes Rectores, para el Combate a la Pobreza”, como sigue:

1.- Detener y corregir el acelerado deterioro ambiental de los ecosistemas hidrológico-ambientales.

2.- Llevar a cabo una planeación integral de los cuerpos de agua superficial y subterránea y sus ecosistemas relacionados.

3.- Establecer los Acuerdos Interinstitucionales, para que los proyectos y actividades del sector público y sector privado, estén en congruencia con las medidas de protección de las “áreas naturales protegidas”, “ordenamiento ecológico” y “planes reguladores urbanos”.

4.- Lograr una mayor y racional administración del recurso hídrico, a través de llevar a cabo el inventario nacional de los principales cuerpos de agua superficial y subterránea.

5.- Diseñar los instrumentos de política y regulatorios jurídicos para detener la deforestación de bosques y selvas y en paralelo, llevar a cabo prácticas de forestación y reforestación tanto de selvas tropicales como de bosques fríos.

6.- Llevar a cabo el diseño de las políticas, planes y programas, para la prevención del siniestro climático.

7.- Diseñar y llevar a cabo las estrategias interinstitucionales para impulsar las potencialidades y vocaciones productivas regionales.

8.- Llevar a cabo con la Autoridad Institucional de la Salud, programas permanentes para identificar, prevenir y erradicar enfermedades de origen hídrico.

9.- Cuidar que la transportación y trasvases del recurso proveniente de grandes fuentes hidrológicas, se realicen asociadas con medidas de prevención y de menor impacto a los ecosistemas naturales.

10.- Asegurar el consumo de agua potable para el consumo humano con tarifas preferenciales; así como también, promover el reuso de agua tratada en las actividades productivas.

Como puede observarse, todas estas acciones estrategias son de una viabilidad inmediata y solamente es necesario, llevarlas a cabo en el más alto nivel de decisión gubernamental.


Asimismo y con el propósito de una mayor congruencia en el logro de la sustentabilidad hídrico-ambiental, es necesario implementar las siguientes medidas de normatividad jurídica, como sigue:

A.- Para un mayor desarrollo y aprovechamiento de los esfuerzos interinstitucionales en la gestión integral del recurso agua, la LAN debe especificar claramente, que la rectoría del Ejecutivo Federal de la CONAGUA se delega en la SEMARNAT.

B.- Para una mayor gestión integral del agua, la CONAGUA será la Dependencia por la que el Gobierno Federal a través de la SEMARNAT, lleve a cabo las políticas públicas de la sustentabilidad hídrica.

C.-  Para una mayor atención a los problemas hidrológicos y ambientales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) deberá ser un Organismo del Gobierno Federal autónomo de la SEMARNAT; con lo que se evita la incongruencia jurídica de que una misma instancia tenga la condición de ser “Juez y Parte”; en consecuencia, tendrá una mayor facultad, soberanía y autoridad, de prevenir y evitar el riesgo ambiental con mayor libertad y eficacia institucional.

D.- Para una mayor competencia en la calificación y sanción del daño ambiental, la Dirección General de Impacto Ambiental (DGIRA) de SEMARNAT, deberá ser adscrita a la PROFEPA; con lo cual, las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs) que se dicten, provean de la información correspondiente para la prevención del riesgo ambiental y en su caso, las medidas de mitigación que deban de llevarse a cabo para evitar siniestros en los cuerpos de aguas y al medio ambiente.

E.- Para una mayor precisión en la calificación del daño ambiental, la PROFEPA diseñará la norma jurídica para establecer los criterios de “quien contamina paga”, en lo relativo a la  afectación de los cuerpos de agua en su entorno ambiental, incluyendo los costeros.

F.- Para una mayor transparencia en la inversión pública hídrico ambiental , que se lleva a cabo por Fideicomisos del Gobierno Federal, es necesario que las inversiones de los proyectos cuenten con los  Estudios de “Viabilidad Económica y Social” a que haya lugar, así como, los Estudios de Impacto Ambiental (MIAs) que minimicen o eviten riesgos ambientales.

G.- Para una mayor transparencia y eficiencia en la inversión pública en los proyectos de la hidráulica nacional, se requiere del total cumplimiento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, lo cual debe aplicar a todos los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal.

En virtud de tratarse de adecuaciones en el ámbito de gestión administrativa de la Federación, su implantación es de relativa fácil consecución y se enfatiza, en que todas ellas, son de fundamental importancia, en el propósito de lograr una gestión integral para la sustentabilidad de las aguas nacionales en su entorno ambiental.

Por cuanto al exhorto que hace el PADRE FRANCISCO en su CARTA ENCÍCLICA: LAUDATO SÍ, SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN.

Respetuosamente me permito expresar, que “la gestión sistémica integral del recuso agua en su entorno ambiental”, es coincidente con el ideario del PADRE FRANCISCO, en su mensaje de promover la comprensión solidaria de la humanidad en el propósito de cuidar la “Casa de Todos”, como una “Casa Común”; y también coincido, en que ésta concepción humanitaria Papal, es ahora un imperativo global.

Ahora el Papa Francisco nos vuelve a recordar que la “Casa Común” en que vivimos, es un mundo finito que debemos cuidar y preservar para los que la habitamos y para los que también vendrán mañana; por ello, es de una gran trascendencia la preocupación y exhorto que hace el Padre Francisco en su Carta Encíclica, en la que se expresa que la sociedad en su conjunto, somos responsables de cuidar nuestra Casa Común porque es la Casa de Todos.


Una Terra Nostra a quien debemos cuidar y preservar en su hábitat y naturaleza, sin deteriorarla ni depredarla, porque a ella nos debemos en su cuidado y preservación y porque además: “Todos somos parte del problema” y “Todos somos parte de la solución”.

En conclusión, habrá “AGUA PARA TODOS”, sí llevamos a cabo una gestión integral y sustentable del recurso hídrico y sí responsablemente protegemos el medio ambiente.

 

(1) Libro Fuente: M. en C. Héctor Lugo Salazar (2006). “PLANEACIÓN DEL AGUA – Un enfoque social y sistémico; El agua, un derecho social”; Instituto Politécnico Nacional (IPN) México.


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