Pese a que las autoridades cuentan con documentos sobre la ilegalidad del proyecto nada hacen por detenerlo.
El permiso que otorgó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) en febrero de 2013 a los constructores de la obra que se realiza en Sevilla 1016, en Portales Sur, demuestra la corrupción entre autoridades de la Delegación Benito Juárez y funcionarios de la dependencia a cargo de Simón Neumann Ladenzon.
José Luis Guerrero, subprocurador de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF (PAOT), urgió a la Delegación Benito Juárez a tomar cartas en el asunto para que el edificio no se construya, pues la dependencia, por su parte, ya notificó sobre las irregularidades de la obra.
Dicha obra cuenta con un certificado de uso de suelo bajo la Norma 26, a la obra de Sevilla 1016 como puede consultarse en el portal de la propia Seduvi con la clave 2222-151-male13, y el cual fue firmado por el Certificador Amaro Guerrero Amador, previo al Pago de derechos recibo N46296379, por la cantidad de 891, pesos con 50 centavos.
Todo ello pese a que ambas autoridades tienen documentos en los que se asienta que esa construcción llegó a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y Materia de Protección Urbana de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por falsificación de documentos y violación de uso de suelo.
La demanda, presentada por Procuraduría, tuvo como antecedente una investigación efectuada por la propia dependencia ambiental, la cual consta en el expediente PAOT-2011-950-SOT-450 cuya resolución establece que, los directores responsables de obra con registros DRO-1043 y DRO-1536 incumplieron el Reglamento de Construcciones.
De acuerdo con la PAOT, los responsables emplearon documentos apócrifos y realizaron trabajos de construcción sin contar con las medidas de protección civil necesarias.
Se asevera además que en el predio pretenden construirse dos proyectos, aunque en realidad son tres, todos los cuales incumplen con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en la Delegación Benito Juárez.
“Está mal que la obra tenga dos proyectos de construcción, está mal que no tenga soporte de certificado de uso de suelo, está mal que se pretendan edificar más niveles, es un catálogo de irregularidades, todos los que puedan darse en un proyecto constructivo, todos los que pueda haber en una obra están ahí”, aseguró José Luis Guerrero.
A lo anterior se suma que en la resolución del 29 de octubre de 2012, la PAOT desvela que fueron violadas disposiciones legales al demoler sin licencia dos construcciones viejas que se encontraban en el predio.
Corresponde a la Dirección Jurídica y de Gobierno de Benito Juárez revocar los registros de manifestación de construcción, así como sancionar, de acuerdo con las leyes de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Construcciones, precisa.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDH-DF) tiene abiertos dos expedientes en los que se relatan amenazas de desalojo, por parte de la Dirección Jurídica y de Gobierno de esta demarcación, contra los habitantes colindantes a la obra.
En poder de la Contraloría General de DF, al igual que en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, existen sendos expediente en los que se da testimonio de las amenazas de desalojo vertidas por la Dirección Jurídica y de Gobierno de la Delegación y en las que se señala a Luis Vizcaíno, funcionario de Benito Juárez, por amenazar con desalojo a denunciantes de la obra.
Las irregularidades de esta construcción incluso han llegado a Colombia, durante la Reunión con líderes de movimientos en contra del deterioro ambiental, a donde vecinos víctimas de la corrupción llevaron el caso.
