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Regulación de la seguridad privada en México es una asignatura pendiente: Diputados

En el Parlamento Abierto virtual “Análisis del dictamen que reforma los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad privada”, diputadas, diputados, funcionarios federales y estatales, sector privado y académicos expresaron sus comentarios sobre una ley general en la materia, ya que se tiene una legislación obsoleta y genera sobrerregulación.

Fundamental, escuchar a los beneficiados o afectados

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Moisés Ignacio Mier Velazco, consideró fundamental escuchar el punto de vista de quienes se verán beneficiados o afectados con la decisión de reformar los artículos 73 y 21 constitucionales, para que realmente contengan la voz de los involucrados en temas de seguridad privada.

“Para mí es un altísimo honor declarar formalmente iniciado el trabajo de este Parlamento Abierto. Espero que sea exitoso, así lo va a ser porque son dos mujeres que ponen en alto a esta Legislatura de la Paridad de Género”, puntualizó el coordinador de la bancada de Morena. 

Necesario, resolver vacío normativo

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), señaló que la seguridad pública es un tema de la mayor importancia y complejidad para la ciudadanía, por lo que es necesario resolver el vacío normativo que hay, en beneficio del Estado de derecho, la paz y la tranquilidad de la población.

Precisó que esta reforma constitucional aspira a lograr la armonización de la legislación en los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de tener un marco jurídico homogéneo en cuanto a procedimientos, requisitos, criterios, equipo y registros de los prestadores de servicios, además de aportar información al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Lo anterior, dijo, es importante porque se tendrá certeza de los prestadores de servicios de seguridad privada y del equipo que usan, lo que evitará que se cometan ilícitos por sujetos ajenos a la ley, como son las empresas “pirata”. 

Este rubro, añadió, es un tema de seguridad pública, y “así lo señalan los múltiples precedentes que ha emitido al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que deben quedar en la legislación secundaria plenamente definidos los ámbitos de competencia de cada orden gubernamental”.

Alavez Ruiz indicó que lo expuesto se tomará en cuenta para enriquecer la propuesta de reforma. “Les informaremos cómo vamos a considerar las observaciones y comentarios”.

Regulación de la seguridad privada, es una asignatura pendiente

La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, diputada Juanita Guerra Mena (Morena), señaló que regular la seguridad privada a partir de las necesidades de la sociedad actual, implica definir su papel como elemento clave en las actividades para mantener la paz y protección de la sociedad. “La regulación de la seguridad privada es una asignatura pendiente en el Congreso”.

Mencionó que el marco normativo actual es obsoleto e insuficiente, pues genera dispersión y contradicción de criterios. Llamó a entender a la seguridad privada como actividad auxiliar de particulares, con el objeto de realizar acciones de protección, vigilancia, custodia de información y operación de sistemas y equipos.

Hay, dijo, una sobrerregulación en la materia, pues existen más de 250 requisitos diferentes e incluso contradictorios entre sí; por lo que es fundamental dotar de requisitos claros, definir desde su origen esta actividad, implementar una regulación estándar nacional, para generar mecanismos uniformes de supervisión con la participación de estados y municipios.

También, agregó, es indispensable precisar competencias y facultades de cada instancia, establecer un marco normativo prudente y que la seguridad privada sea más eficaz y coadyuvante con los policías estatales y de la Guardia Nacional.

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Generar políticas públicas para garantizar seguridad

La coordinadora del grupo parlamentario del PRD, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, señaló se deben generar políticas para garantizar una seguridad pública que brinde a todas las y los ciudadanos la posibilidad de vivir con tranquilidad en todos los aspectos. Consideró oportuno discutir esta iniciativa para armonizar y ver cómo pudiera convivir con los tres niveles de gobierno.  

Martha Tagle Martínez, diputada de Movimiento Ciudadano, consideró que uno de los principales temas que hoy requiere la ciudadanía es garantizar la seguridad. Estimó oportuno conocer los alcances que una reforma constitucional de esta naturaleza, porque se trata de muchas empresas y organizaciones que brindan servicios de seguridad privada que deben tener la regulación del Estado.       

El diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses (Morena) expuso que la dinámica social exige la intervención de los tres niveles de gobierno para brindar una respuesta eficaz a la sociedad. Añadió que la seguridad privada debe ser de competencia concurrente, pues la ausencia de una ley general en la materia ha generado problemas; debe incluirse el principio de coordinación y cooperación. 

La diputada Carmen Julia Prudencio González (MC) dijo que la reforma a los artículos 73 y 21 constitucionales, tiene el fin de establecer que las personas autorizadas para prestar servicios de seguridad privada sean auxiliares de la pública, lo cual “contraviene el marco constitucional, ya que está poniendo al mismo nivel de la seguridad pública a la privada y ambas cumplen con diferentes fines”. 

Por el PT, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel señaló que en esta materia van a tener que hacer un arduo trabajo y celebró que se haya hecho este Parlamento Abierto.

Propuestas del sector público

Omar Gutiérrez Lozano, director general de lo Consultivo y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mencionó que hay sobrerregulación a nivel federal y estatal. La ley, dijo, debe establecer parámetros, requisitos y directrices para una mayor eficacia; homologar la verificación y exámenes de control, pues la actual no tiene ninguna referencia sobre el uso de la fuerza.

Ignacio Hernández Orduña, titular de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la SSPC, indicó que las reformas establecerían las mismas bases y reglas para todas las entidades federativas. Aclaró que no se trata de desaparecer a las autoridades locales, sino precisar las funciones que realizarían la Federación y cada ente regulador en las entidades, con un padrón único de empresas de seguridad privada.     

Gladys Margot García Godínez, directora de servicios de seguridad privada del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Jalisco, dijo que respecto a generar una ley general en la materia, coinciden en que se debieran homologar los requisitos que auxilien y ayuden a los interesados y empresarios, pero que no obstaculice la actividad propia del estado y su autonomía.

El encargado de la Unidad Administrativa de Control de Servicios de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, David Alberto Gamboa Tello, consideró que si estas reformas se aprueban, vulnerarían el control que se tiene sobre éstas empresas, al dejar a los órganos reguladores como oficialía de partes y eliminaría la autonomía estatal.  

El integrante del Consejo de Seguridad Ciudadana de Seguridad Pública de Nuevo León, Enrique Alberto Ayala García, calificó como fundamental homologar la ley que regulará la seguridad privada y como valioso certificar a las empresas porque así se les otorgará un certificado de calidad de los empleados para que puedan ser contratados con más tranquilidad.

Juan Manuel Hernández Niebla, consejero presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, expresó que es necesario que los servicios de seguridad privada se rolen de forma clara señalando la competencia regulatoria de los tres niveles de gobierno para que se ofrezca certeza y seguridad jurídica tanto para quienes brindan servicio como para quienes lo contratan.

Planteamientos del sector privado

El director general del Grupo IPS México y coordinador de Asume, Armando Zúñiga Salinas, refirió que la seguridad privada es una industria con un valor cercano al 2 por ciento del PIB, crea más de 700 mil empleos, a través de más de ocho mil empresas a nivel nacional; sin embargo, la legislación federal es obsoleta y sobrerregulada, lo que genera actos de extorsión y corrupción. 

Jaime Domingo López Buitrón, presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que la implementación de estas reformas va en el sentido correcto, para dar certeza en los derechos de los trabajadores que participan en esta industria y no sean afectadas sus condiciones laborales. 

El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Raúl Sapien Santos, señaló que ampliar las facultades en esta materia servirá para crear una Ley General de Seguridad Privada que distribuya competencias para que no exista invasión de facultades y se alcance el objetivo de combatir a la delincuencia.  

Pedro Sanabria Serrano, representante en México de ASIS Internacional, señaló que la reforma constitucional es importante, fundamental y prioritaria, ya que dará certidumbre a esta profesión. Añadió que como sector privado y asociación internacional “siempre estaremos acordes a la legislación local vigente”.

Perspectiva del sector de la academia

María de los Ángeles Fromow Rangel, experta en el Diagnóstico, Diseño, Cabildeo, Implementación y Evaluación de Estrategias Integrales en temas Políticos, Jurídicos y Legislativos, expuso que la falta de homologación ha traído como consecuencia incertidumbre jurídica que se ha traducido en constantes actos de corrupción y extorsión por parte de estas empresas.

El investigar David Santa Cruz señaló que la privatización del uso legítimo de la fuerza es un factor que contribuye directamente al debilitamiento del Estado y con ello se deja de garantizar que la seguridad sea un bien público, por lo que estimó necesario legislar en la materia. 

Héctor Larios Santillán, del Observatorio Nacional Ciudadano de la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, consideró urgente la reforma constitucional y la creación de una nueva ley, así como dar certeza jurídica al sector. Dijo que es necesario distribuir competencias a los tres órdenes de gobierno, unificar procedimientos de control y homologar la normatividad en todos los estados y municipios. 

El asesor jurídico y representante legal de embajadas y representaciones diplomáticas acreditadas en el país, Miguel Ángel Buendía, afirmó que es necesario uniformar políticas públicas, programas, acciones, procedimientos, sistemas, instituciones, bases de datos y sistemas de registros de los tres poderes, para eliminar la discrecionalidad y cerrar eventuales espacios a la corrupción.

El coordinador de postgrados en Derecho de la Universidad de Iberoamericana de Puebla, José Antonio Bretón Betanzos, puntualizó que la ley debe garantizar la conjugación de las diferentes facultades federales y locales desde el principio de la legalidad. Sin embargo, por tratarse del uso legítimo de la fuerza, es necesario reflexionar sobre la forma en que se tiene que orientar la construcción del marco legal.

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