LaSalud.mx.- Luego que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concediera la suspensión definitiva a la inhabilitación por 30 meses y el pago de una multa por más de un millón de pesos a los Laboratorios Pisa por entregar información falsa para obtener un contrato con el IMSS, la Secretaría de la Función Pública (SFP) aseguró que sigue su defensa legal para imponer estas sanciones en contra de la farmacéutica.
En una hoja informativa, la SFP señaló lo siguiente ante las notas publicadas por diversos medios acerca de la suspensión de la sanción contra la empresa Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.:
- La circular publicada esta mañana en el Diario Oficial de la Federación deriva de una resolución de la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
- La Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos, continuará defendiendo la legalidad de la sanción impuesta a la empresa farmacéutica por haber proporcionado información falsa en un procedimiento de adjudicación directa con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el 2017.
- De ningún modo la medida cautelar otorgada por el Tribunal significa que se haya resuelto el fondo del asunto y, por ende, que se haya declarado nula la resolución por la que se inhabilitó y sancionó a la empresa.
- Dentro del proceso de defensa jurídica, la Función Pública continuará subrayando la relevancia de cumplir con la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció que debe negarse la suspensión a la inhabilitación temporal para participar en procedimientos de licitación o para celebrar contratos públicos, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 134 constitucional.
La Secretaría de la Función Pública manifiesta que las sanciones emitidas por sus diversas autoridades sancionatorias son elaboradas con estricto apego a la ley, actuando de forma imparcial y objetiva, por lo cual mantiene una firme defensa las resoluciones administrativas a través de los mecanismos jurídicos correspondientes.
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