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México es un país violento para niñas, niños y adolescentes, al interior y al exterior de sus casas.

El próximo 6 de junio se llevará a cabo la elección más grande de la historia del país, en donde se elegirán diputaciones, gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos, regidurías, sindicaturas y juntas municipales. Es una obligación jurídica, y ética, que esta agenda electoral, así como los planes de gobierno que resultarán de ella, aborden la violencia que enfrentan millones de niñas, niños y adolescentes en el país, de manera puntual y en todos los niveles. Para ello, el marco legal, los programas y la promoción de una crianza con ternura son pieza clave.

Además de la violencia generalizada que asola al país en sus calles, muchas niñas, niños y adolescentes también encuentran en su casa un espacio de riesgo. Aunado a diversos delitos cometidos contra ellas y ellos, la sociedad ha normalizado métodos de crianza que se basan en castigos corporales y humillantes, perpetuando este círculo de violencia. Desde hace más de 5 años, sabemos que más del 60% de esta población experimenta algún método violento de disciplina, así como agresiones psicológicas.

Las reformas de ley que México aprobó para prohibir de manera expresa el castigo corporal y humillante, y establecer el derecho de niñas y niños a una crianza sin violencia, son un paso muy importante que ahora requiere complementarse con armonización de las leyes en las entidades federativas, y sobre todo, con la activación de estrategias para promover la crianza con ternura. Para lograrlo, es necesario que todos los niveles de gobierno asuman sus obligaciones jurídicas y éticas hacia las niñas y niños, que establezcan políticas públicas para promover la crianza con ternura, y para atender cualquier forma de violencia de manera oportuna, así como asignar presupuesto suficiente a estas tareas. 

Es importante recordar que las reformas no son un método para criminalizar a madres, padres y cuidadores. Al contrario, son el marco para visibilizar que estos castigos son una forma de violencia que hace daño a las niñas y niños, y, a partir de ahí, generar las acciones necesarias, desde gobierno, sociedad y sector privado, para promover una nueva visión y actitudes que traten a las niñas y niños como lo que son, seres humanos, sujetos plenos de derechos.

Las y los candidatos para la elección en junio, tienen en sus manos la responsabilidad de que lo anterior se convierta en una realidad. Para poder contrarrestar la violencia es importante trabajar sobre sus causas y no sólo sobre sus efectos. Golpear, menospreciar, humillar, denigrar, amenazar o ridiculizar debe dejar de ser normal.

El periodo de la crisis sanitaria generada por Covid-19 ha profundizado e invisibilizado la situación por la que atraviesa la niñez y adolescencia mexicana. Durante 2020, se registraron poco más de 67 mil lesiones relacionadas con violencia familiar y la Red Nacional de Refugios A.C. reportó un incremento del 80% en solicitudes de apoyo a causa de violencia familiar. Por eso, ahora es aún más importante redoblar esfuerzos, para que los logros legislativos alcanzados realmente representen un cambio en el presente y el futuro.

En este sentido, se hace un firme llamado:

·       A las y los candidatos, a poner al centro de sus agendas el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir una vida libre de violencia. Particularmente, la armonización de leyes para prohibir de manera expresa el castigo corporal y humillante, así como una estrategia para la promoción de la crianza con ternura.

·       A las y los adultos del país, madres, padres, líderes sociales, a evaluar las propuestas presentadas por candidatos y candidatas, y exigir un plan de acción para la protección integral y seguridad de la niñez.

·       A las administraciones actuales, a unir y articular esfuerzos para dar seguimiento a los pasos avanzados hacia la prohibición del castigo corporal y humillante, y la sustitución de estos métodos por una crianza con ternura.

·       A las instituciones del país, a redoblar esfuerzos para captar, canalizar y atender posibles casos de niñas, niños y adolescentes que puedan estar sufriendo violencia.

·       A la sociedad en general, a erradicar las prácticas y actitudes que violentan a las niñas y niños, y transformarlas por unas que les respeten y les brinden la protección a la que tienen derecho.

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