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Escuelas particulares amenazadas por la NOM 237

La Secretaría de Economía, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), busca imponer la Norma Oficial Mexicana 237 a las instituciones particulares de educación. Sin embargo, pagar los costos que genera con nuevas inspecciones y verificaciones, provocará mayor abandono escolar, además de limitar la libertad de elección de los mexicanos.

El proyecto PROY-NOM-237-SE-2020 pretende establecer las especificaciones que los prestadores de servicios educativos tienen que cumplir para informar a madres y padres de familia sobre los servicios que se presten bajo los principios de transparencia y calidad de los mismos.

Jesús Nájera Martínez, consejero de la Alianza de Colegios Multiculturales de México, dio a conocer que, a nivel nacional, más de 53 normas oficiales o leyes generales son aplicadas a las escuelas particulares. “Sería un exceso poner esta nueva disposición”. De ser aprobada, los afectados planean combatirla a través del juicio de amparo, ya que es inconstitucional.

Además, esta nueva norma incrementará los costos de las colegiaturas en un 15%, lo cual provocaría un cierre inmediato de más de 18 mil colegios, pues la población que atienden no podría absorber los nuevos costos.

Esta autoridad (la Secretaría de Economía) no es educativa y busca regular temas, como la infraestructura educativa, que desconoce y que está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación. Muy probablemente generaría actos de corrupción y quien resultaría perjudicada sería la población,” explicó Itzel Carmona, miembro del consejo directivo de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP).

El sector de las escuelas particulares está “sumamente castigado con las normas que ya existen, hay una sobre regulación que cada día hace más difícil hacer nuestra labor,” agregó Jesús Nájera. Además de los gastos y obligaciones normales que toda institución debe cumplir, como licencia de uso de suelo, predial, renta, luz, agua potable y otros, las escuelas particulares necesitan cubrir costos de la licencia de funcionamiento, del dictamen de Protección Civil, del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), así como de capacitación de sus docentes, autenticación del Certificado de Estudios por ciclo escolar, equivalencia de estudios, autenticación de diploma o título, exámenes extraordinarios y a Título de Suficiencia, inscripción por alumno en asignaturas libres y notificación de Examen Profesional.

Itzel Carmona aclaró que “contrario a lo que las autoridades piensan, las instituciones particulares de educación no son negocios, su objeto social no es el lucro. Al contrario, son asociaciones o sociedades civiles que buscan coadyuvar con una mejor educación para los niños y jóvenes, son una alternativa considerablemente capaz y calificada por la gran mayoría de los padres de familia que acuden a esta modalidad.”

Durante los dos ciclos anteriores, hubo un abandono escolar de casi 400 mil alumnos de las escuelas particulares porque los padres de familia fueron afectados de diversas maneras por la pandemia, ello les impidió seguir cumpliendo con la cuota de la colegiatura.

Así, no descartan que “el actual gobierno pretenda, ya sea por falta de experiencia o por una decisión ideológica, el desmantelamiento de una parte importante del Sistema Educativo Nacional. Somos las asociaciones y sociedades civiles que coadyuvamos a cumplir con los fines del artículo tercero constitucional,” el cual refiere al derecho de los mexicanos a acceder a la educación, finalizó Jesús Nájera.

DZ

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