En una decisión de alcance histórico, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dictaminó ayer que la segunda enmienda de la Constitución que consagra el derecho de los estadounidenses a poseer y portar armas “tiene que ser respetado plenamente por todos los estados y las ciudades del país”.
La resolución, producto de una votación dividida de 5 a favor y 4 en contra, supone un duro revés para estados y ciudades con elevados índices de violencia y una importante victoria para organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle (ANR) y milicias que se han arropado bajo el carácter constitucional de la segunda enmienda, a fin de desafiar las leyes estatales y municipales que han intentado acotar su margen de actuación.
En su resolución, los nueve magistrados del Supremo han declarado la inconstitucionalidad de una prohibición para armas cortas implantada por la ciudad de Chicago hace 28 años, por considerar que las garantías y derechos que consagra la Constitución no pueden ser restringidos por leyes estatales, locales o gubernamentales. A pesar de esta resolución, el dictamen no anula formalmente la ley y ordena a una corte federal de apelaciones que revise su decisión anterior.
El máximo tribunal ha tenido que analizar esta legislación a la luz de la segunda enmienda de la Constitución que establece que, “siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”.
El dictamen, redactado en nombre de la mayoría conservadora por el polémico juez Samuel A. Alito, ha tenido la opinión en contra de los magistrados John Paul Stevens, Ruth Bader Ginsburg, Stephen G. Breyer y Sonia Sotomayor, que advirtieron contra “las consecuencias destructivas” de esta resolución.
En su escrito de disentimiento, Breyer aseguró que en EU cada año se producen 60 mil muertos y heridos por armas de fuego y que la prohibición implantada en Chicago, “ha salvado cientos de vidas” desde que fue puesta en vigor en 1983.
Nada más conocerse los términos de la resolución, organizaciones como The Brady Center, que lucha contra la violencia producto de las armas, advirtieron de la embestida de organizaciones conservadoras contra todas y cada una de las legislaciones estatales que han tratado de acotar la venta de armas para contener los índices de criminalidad y violencia.
“Tras la decisión emitida por la Suprema Corte, el poderoso lobby de las armas y los criminales la utilizarán para impugnar todas las leyes de control de armas estatales o municipales”, aseguró Paul Helmke, presidente de esa organización.
Los especialistas coincidieron en señalar la avalancha de dudas que a partir de hoy impactarán en la venta, la posesión y la portación de armas en todo el país. A pesar de que en su escrito el juez Alito aseguró que este dictamen no deroga o suprime leyes que prohíben la posesión de armas entre ex convictos o enfermos mentales. o regula su utilización en escuelas o parques públicos, la falta de una clara definición sobre el control ofrece un amplio campo de oportunidades para los comerciantes de armamento.
Actualmente se calcula que unos 90 millones de estadounidenses tienen alrededor de 200 millones de armas, lo que además, según estadísticas, convierte a EU en el país con más alto porcentaje de civiles que portan o pueden portar armas.
