Representantes de escuelas particulares piden que se anule la posibilidad de que el proyecto de Norma 237 sea publicado
En el marco del análisis de la Norma 237, la cual tiene como objetivo regular los derechos y las obligaciones de las escuelas particulares, representantes de estas escuelas solicitaron a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) que se anule la posibilidad de publicación del proyecto porque equipara al servicio educativo con un acto de comercio.
Esto pone en entredicho su esencia como servicio público, lo que implicará altos costos no sólo a los colegios, sino a una parte de la sociedad que deberá asumir incrementos en las colegiaturas para obtener una educación de calidad.
La Alianza de Colegios Multiculturales de México (ACOMM), Alianza para la Educación Superior (ALPES), Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP (ANEPPI), Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), Federación de Escuelas Particulares del Estado de México (FEPEM) y Educación con Rumbo (ECR) expresaron al comisionado presidente de la CONAMER, Alberto Montoya Martín del Campo, su compromiso a favor de que existan cada día mejores rutas para impulsar aún más la mejoría de la educación.
Sin embargo, definir a las escuelas particulares como establecimientos mercantiles en el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE) “no sólo muestra la inexistencia de materia para generar una norma de tal envergadura, sino también pasa por alto que en los servicios educativos no existe especulación comercial, tampoco impera la intermediación y mucho menos son actos masivos.”
Ludwig Johannsen de la ACOMM agregó que “el artículo 146 de la Ley General de Educación, así como en el Acuerdo 17/11/17 de la Secretaría de Educación Pública definen al servicio educativo como un servicio público”, por lo cual el proyecto de NOM 237 queda sin materia para convertirse en una regulación más de las muchas que ya tiene el sector educativo.
Los representantes de los colegios particulares solicitaron a Montoya Martín del Campo observar que los servicios educativos ya están regulados por la Ley General de Educación (LGE). La injerencia que pretende establecer la Secretaría de Economía es inapropiada e invade la función regulatoria de la Secretaria de Educación.
Por su parte, Norma Leticia León Montelongo, de la FEPEM y María del Pilar Martínez Aragón de la ANEPPI, señalaron que con el cierre de cerca de 18 mil escuelas, se quedarían sin trabajo más de 630 mil prestadores de los servicios educativos; a esto se sumarían el incremento en las tarifas escolares para que los colegios puedan cubrir los gastos de la certificación y los demás trámites ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Alejandra Carmona, consejera de Educación con Rumbo, recordó que en el proyecto NOM 237 no existe la mínima evidencia de cumplir con los principios de Mejora Regulatoria, por el contrario, implicará mayor regulación y costos económicos y sociales.
Los representantes de las escuelas particulares realizaron un llamado no sólo a las escuelas, sino también a las organizaciones de padres de familia y ciudadanos en general a participar para evitar un golpe a la educación de los colegios particulares. El periodo de análisis del proyecto de NOM 237 culminará el próximo 15 de noviembre.
RGP
