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Sedena y SSPC se unen para verificar el control y funcionamiento de empresas de seguridad privada armadas en el país

La coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana (SSPC), ha sido la más eficaz hasta ahora. Con una nueva ley de seguridad privada en puerta, ambas dependencias del gobierno federal buscan acabar con las empresas que incumplen las leyes y reglamentos, afirmó el Lic. Alejandro Desfassiaux, Presidente fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).

Para el Lic. Alejandro Desfassiaux, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal a cargo de la Mtra. Rosa Icela Rodríguez, y por conducto del Subsecretario Ricardo Mejía Berdeja y su Director General de Seguridad Privada, Mtro. Ignacio Hernández Orduña, han logrado regularizar de forma más eficaz todos los procesos, mejorando con ello los tiempos de respuesta.

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de su Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Explosivos, desde el inicio del sexenio ha puesto en operación un plan de actualización y mejora, cambiando sus instalaciones, mejorando el control de accesos a su módulo y optimizando recursos y trámites de la dependencia implementando el modelo “por cita” incluso antes de la pandemia, lo cual reduce la interacción entre civiles y militares y por ende cierra las puertas a cualquier intento de corrupción.

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Con esta nueva medida se ha reducido significativamente el uso de gestores, invitando a los usuarios a que acudan personalmente a sus citas y audiencias con el organismo regulador y den cabal cumplimiento a los requisitos por ley para seguir operando.

“Ha sido un gran esfuerzo que está realizando el gobierno por medio de sus dependencias para mejorar la seguridad en el país, aunque hemos visto algunos casos aislados, sabemos que este proceso debe tener un resultado positivo a favor de la seguridad de los ciudadanos”, explicó el Presidente Fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada.

Como resultado de la coordinación entre ambas dependencias, para este mes de agosto según informes de las dependencias, se han cancelado 8 empresas de seguridad privada armada que contaban con licencias colectivas de portación de arma en distintas modalidades. Esto debe obligar a nuestro sector a acatar y cumplir los lineamientos establecidos en las leyes y reglamentos que emiten estas dependencias, y que su incumplimiento no será tolerado por lo que se procederá a una cancelación.

Las empresas de seguridad con licencias canceladas cometieron reiterativamente faltas a las leyes y reglamentos como: rentar armas, utilizar modalidades que no son las que tienen autorizadas (ejemplo proporcionar servicios de protección a personas con una licencia en modalidad de traslado de valores), fusiones o subcontrataciones de empresas para ofrecer servicio armado, traslados de ejecutivos en camiones blindados con elementos uniformados.

“Esta coordinación de las autoridades federales dará mayor certeza jurídica a los empresarios que decidan contratar este tipo de compañías que cumplan adecuadamente con los requisitos, por lo que sacará del mercado aquellas que tienen otros fines”, dijo el Lic. Alejandro Desfassiaux.

DZ

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